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Perú: ¿Qué tan efectivo es el principio del que contamina paga?

  • Categoría: Notas de prensa
  • Publicado el Jueves, 01 Noviembre 2018 16:41
  • Escrito por Guillermo Marín
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Servindi, 23 de setiembre, 2018.- Nos queda en claro que el principio del que contamina paga es una herramienta nacida en una perspectiva económica neoliberal que asume que todo se resuelve asignando precios y valores. Pero hay cosas de la vida que simplemente no pueden valorizarse o su valor es inconmensurable.
En el campo ambiental existen premisas o principios que durante mucho tiempo se han mantenido sin mayor cuestionamiento.

Uno de estos principios se refiera a “quien contamina, paga” e incluso forma parte del derecho ambiental internacional. Sin embargo, si uno empieza a realizar un recuento de cómo se está viendo el tema encuentra las siguientes perspectivas:
“Quien contamina, paga”
“Quien contamina, descontamina”
“Quien descontamina u ofrece a la sociedad un beneficio ambiental, cobra”
“Quien conserva, gana”
Quiere decir entonces que hay un ruido respecto a la solidez y vigencia del principio que es necesario detenerse a analizar.

El principio del que contamina paga forma parte de las medidas orientadas a reducir, y eventualmente eliminar, la acción contaminante de los actores económicos (empresas, Estado, comunidades) en el supuesto que las sanciones provocan un efecto disuasivo.
Para que el principio funcione se supone que el mercado es perfecto y que existe un Estado de Derecho el cual todos respetan. El gran problema es que no existen los mercados perfectos ni tampoco existe un escrupuloso y efectivo Estado de Derecho.
El institucionalismo nos dice que hay reglas de juegos formales e informales y que en la vida real los procesos informales tienen un fuerte peso en el desenvolvimiento de los actores.
Las reglas de juego están signadas por concepciones de desarrollo, relaciones de poder, jerarquías y rangos, así como también discursos, narrativas, prácticas, mitos y rituales.
Por ejemplo. Para que el sistema funcione se asume que el Estado tiene real preocupación por reducir los impactos de la contaminación pero
¿Qué pasa cuando los Estados en nombre del crecimiento económico debilitan sus propios estándares ambientales y los límites máximos permisibles de contaminación?
¿Qué pasa cuando los Estados no generan estándares ambientales y los límites máximos permisibles para ciertos elementos? (por lo tanto simplemente no son medidos y se invisibiliza la contaminación).

De otro lado, desde la perspectiva del Estado y las empresas se usan narrativas para disminuir la carga contaminante de las actividades económicas.

Esto sucede por ejemplo cuando se habla ceremoniosamente de minería sostenible cuando a lo máximo que se podría aspirar es tener una minería responsable.

Otra manera de manifestación de poca transparencia es cuando se usan cifras artificiosas con tal de privilegiar la actividad económica y de minimizar los verdaderos impactos de la contaminación.

El balance no sólo refiere a cuantos recursos se genera sino también a cuantos recursos se pierden y cuántos recursos se requiere para la recuperación.

Tomando en cuenta las diversas dinámicas producto de las reglas formales e informales podríamos evaluar la consistencia del principio planteando las siguientes preguntas indiscretas:
¿Qué pasa si el contaminante no quiere pagar?”
¿Qué pasa si la autoridad quiere cobrar pero no puede?
¿Qué pasa si la autoridad puede cobrar pero no quiere?
¿Qué pasa si la autoridad ni puede ni quiere cobrar?
¿Qué pasa si el contaminante paga poco?
¿Qué pasa si es más barato pagar en vez de remediar?
¿Qué pasa si pagar te exime prevenir?
¿Quién o quiénes se benefician de estas situaciones?
¿Quién o quiénes se perjudican de estas situaciones?

Para aclarar nuestras dudas revisemos entonces un poco de teoría. El principio “quien contamina paga” forma parte de los mecanismos de mercado orientados a internalizar (es decir ponerle precios e incorporarlos a la contabilidad) las externalidades (aquellos impactos positivos o negativos de la actividad sobre los actores distintos a los que intervienen directamente en la transacción).

Esta es una forma de resolver, desde la perspectiva de la economía ambiental, el tema de asignación de precios a temas ambientales con frecuencia difíciles de cuantificación.
En el principio de “quien contamina paga” la responsabilidad del contaminador incluye la remediación del daño, la prevención y el control de la contaminación (Puentes, 2008).
Como enfatizan Bontems y Rotillon (2000) el principio “quien contamina, paga” es un principio de internalización de los costos, que consiste en hacer que el contaminador pague la diferencia entre el costo social y el costo privado.
Así, señalan los autores, el contaminador considerará el costo social de sus decisiones, lo que llevará al óptimo de contaminación, a condición de una justa evaluación de este costo social.

Volvamos otra vez a plantear algunas preguntas básicas respecto al principio:
Quién:
¿Hay forma de identificar claramente al contaminador?
¿Hay voluntad política de identificar al contaminador?
¿Qué pasa con las contaminaciones con actores que no son pasibles de exigibilidad?
… contamina:
¿Hay forma de precisar la magnitud de la contaminación?
¿Qué pasa con las contaminaciones no medidas?
¿Existe forma de resarcir el daño ocasionado?
… Paga:
¿A quién se le paga? ¿Al Estado o al afectado?
¿Hay voluntad de cobranza?
¿Cómo se distribuye este cobro?
¿Llega realmente al afectado?
¿Sirve para reparar el daño?
¿Es posible reparar el daño permanente a la salud y potencialidad humana del afectado?
¿Cuál es costo de recuperar la afectación de la resiliencia del ecosistema? · ¿Cuál es el costo de la destrucción de un proceso ecológico?
¿Ejerce la cobranza un efecto disuasivo?

¿Se produce efectivamente una disminución de la contaminación?
Las preguntas impertinentes arriba anotadas nos dan cuenta que el principio del que contamina paga es altamente permeable.

Es por eso que Bontems y Rotillon (2000) manifiestan que pese a su designación como enfoque “políticamente correcto” no se trata de un principio jurídico de equidad sino de un principio de eficacia económica.
Considero que aquí está la clave del asunto: es una respuesta económica para un tema que en el fondo es ético.

La pregunta inmediata es entonces cuál es el balance de la aplicación del principio si es que efectivamente está contribuyendo a reducir la contaminación o es que sólo está cumpliendo un rol de maquillaje ambiental.

El peligro es que caigamos en una contaminación normalizada o de una irresponsabilidad organizada. No son pocos pues lo que están planteando que el principio requiere ser seriamente revisado.
Para que el principio del que contamina paga sea efectivo debe existir una efectiva estructura de actores y mecanismos institucionales y legales lo que no siempre es el caso.

Además en la forma cómo se asignan los costos de producción las sanciones por contaminación finalmente son cargadas al precio del producto por lo que finalmente los que terminan pagando son los consumidores (“Quien contamina hace que paguen los consumidores”).

Nos queda en claro que el principio del que contamina paga es una herramienta nacida en una perspectiva económica neoliberal que asume que todo se resuelve asignando precios y valores. Pero hay cosas de la vida que simplemente no pueden valorizarse o su valor es inconmensurable.
Más allá de generar “derechos de contaminación por pago” la orientación estratégica es prevenir y minimizar hasta donde sea posible la contaminación en tanto pueda ser manejada.

En casos concretos la contaminación simplemente es inaceptable por lo que la actividad económica simplemente no puede ni debe desarrollarse. Ello nos lleva a revisar profundamente nuestros paradigmas y modelos de desarrollo.
Con esto no estamos queriendo decir que se exima de responsabilidad de la contaminación a los actores económicos sino que el conjunto de los actores asuma una propuesta genuina y profunda de sustentabilidad.
Desde la perspectiva de la economía ecológica muchas externalidades son inciertas, desconocidas o irreversibles.

Una economía ecológica es una economía que reconoce que la racionalidad económica y la racionalidad ecológica no son suficientes por sí solas, para alcanzar las decisiones correctas, acerca de los problemas ecológicos-económicos contemporáneos (Van Hawuermeiren, 1999).

¿Es posible ponerle precio al plomo en la sangre de los niños en las periferias mineras o es posible pagar para que los afectados por contaminación minera se eximan de todo reclamo de derechos y compensaciones?

El debate no está concluido pero las palabras ética, solidaridad y equidad empiezan a reclamar su lugar, lugar que debieron haber ocupado siempre.

<>Bibliografía citada:
o→ Bontems, Philippe y Rotillon, Gilles. 2000. Economía del Ambiente. Ediciones Abya-Yala. Quito. pp:57
o→ Puentes, Astrid. 2008. Responsabilidad ambiental en las Américas: ¿Necesidad o lujo? Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), México. 4 p.
o→ Van Hawuermeiren, S. 1999. Manual de Economía Ecológica. ILDIS. Ediciones Abya-Yala. Quito. Pp: 8
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/23/09/2018/que-tan-efectivo-es-el-principio-del-que-contamina-paga

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