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Exige Ucizoni cancelar rehabilitación de vía férrea en el Istmo; es ilegal, advierte

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Empresa intenta hacer asambleas
Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de abril de 2020, p. 31
Juchitán, Oax., Las obras que realiza la empresa Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) SA de CV para la rehabilitación y modernización de la vía férrea son ilegales y deben ser canceladas, advirtió la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur.

La organización argumentó que la evaluación del manifiesto de impacto ambiental (MIA) fue cancelada porque debido a la contingencia por el Covid-19 se aplazó la consulta entre los pueblos indígenas de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en la que también participarían los pueblos del sur de Veracruz.

Además, el proyecto original abarca 132 kilómetros, desde Medias Aguas, Veracruz, a La Mata, Oaxaca, pero la MIA sólo incluye 63 kilómetros, desde el mismo punto de arranque a Tolosita, Oaxaca.

La Ucizoni advirtió al funcionario: ?El proceso de evaluación de la MIA con clave 20OA2020V0001 relativo al proyecto del corredor transístmico fue suspendido por omisiones y errores, como consta en el expediente electrónico del proyecto; de la misma forma, se nos comunicó oficialmente la suspensión del proceso de consulta indígena, en razón de la alerta sanitaria.

Sin embargo, el pasado 13 de abril, en abierta violación a nuestros derechos humanos, empleados de la FIT convocaron a asambleas para levantar actas de aceptación, lo cual rechazamos rotundamente. Exigimos la consulta y que ese proyecto se detenga, expuso Dagoberto Toribio Severo, presidente de la Ucizoni.

Agregó que con diferentes ejidos han acordado realizar rondines para impedir los trabajos.

Pedimos la cancelación de toda obra, y al ente Corredor Transístmico que se abstenga de iniciar cualquier obra en tanto no se han cumplido los requisitos de ley.

Por último, anunció que darán vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Ministerio Público Federal por los posibles delitos y faltas administrativas.

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