LA MALA EDUCACIÓN

LA MALA EDUCACIÓN
El maestro descalzo, Antigua, Guatemala, 1987. Foto: Antonio Turok
LAURENTINO LUCAS CAMPO
Ojarasca, Periódico La Jornada.
10 febrero 2019.
Una crítica a la enseñanza pública para los pueblos originarios en México en los pasados 100 años
¿Desde cuándo existen los pueblos indígenas, originarios, mesoamericanos (o como se les quiera llamar) en lo que es México? Hace miles de años. Son pueblos que han existido y seguirán presentes en el país.
¿Desde cuándo se les ha proporcionado una educación dirigida exclusivamente para ellos? Tal vez desde que existen. Pero desde que México se conformó como Estado, en el siglo XIX, a los pueblos originarios se les ha dado educación en el marco de la política estatal. Sin embargo, es a partir del siglo XX, mediante la creación de una instancia estatal, que se promovió una acción sistemática.


¿Cuántos son 100 años? Para algunos puede parecernos mucho tiempo, para otros no tanto. En 2021 se cumplirá un siglo de que se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Diez décadas son un periodo temporal amplio. Así también, durante 100 años se han ensayado diferentes políticas gubernamentales de educación para los pueblos originarios, especialmente a nivel básico; es decir, las distintas maneras como se ha procurado atender la escolarización de niñas y niños con esa característica cultural. Si bien se han ampliado la cobertura y la infraestructura y se ha abatido el analfabetismo, logrando un avance a nivel nacional, permanece sin cambio sustancial la forma de ver y abordar la educación para los pueblos originarios.

Si miramos no únicamente las cifras sino también otros aspectos cualitativos, podemos identificar la política educativa diseñada y puesta en práctica con distintos nombres y con resultados un tanto diferenciados, que al día de hoy prevalecen casi como hace diez décadas. Se sigue teniendo una percepción de los pueblos originarios como personas y ciudadanos sin importancia, a quienes se les ha ofrecido recursos muy limitados y pésimas condiciones. Eso se evidencia en las políticas educativas estatales: docentes sin la formación profesional ni la vocación necesarias, infraestructura escasa, tolerancia de actos de corrupción, uso político de la educación indígena desde el sindicato.

Con base en lo anterior, y también de acuerdo a mi experiencia laboral y académica, puedo señalar que, en el momento presente, segunda década del siglo XXI, persiste más o menos parecida dicha situación histórica. Se ha dado una pésima educación a los pueblos originarios debido a que:

? Se improvisa la incorporación del personal docente, sin una formación profesional adecuada para laborar como profesores, situación que no sucede con la educación general (la que se proporciona a los no indígenas).

? Los programas para formar a los docentes que laboran en el medio indígena se diseñaron hace años, no se han actualizado y cayeron en la obsolescencia.

? Predominan aspectos sindicales, laborales, de los profesores por sobre los aspectos pedagógicos, situación que no es en sí misma negativa, pero cuando este último asunto pasa a segundo término se complica consolidar un currículo pedagógicamente adecuado.

? El sindicato de la educación en nuestro país tiene una historia de poca transparencia, de democracia cuestionable que reproduce la cooptación, de uso político del sindicato dejando a un lado el impulso de procesos pedagógicos para la niñez indígena, de actos de corrupción lamentables, traducidos en situaciones como la venta o herencia de plazas, lo que fomenta el ingreso de personal sin la formación profesional, vocación e interés en la educación indígena.

? Financiamiento muy limitado para la infraestructura de las escuelas o para dotarles de los materiales didácticos mínimos necesarios.

? Oportunidades restringidas para que el personal docente que ya labora, e interesado, pueda formarse a alto nivel en posgrados de calidad y con reconocimiento.

Al revisar con detenimiento se identifica un dato relevante. Quienes tienen la responsabilidad de proporcionar los servicios educativos a los pueblos, como funcionarios a nivel federal o estatal, regularmente son personas que no tienen ni asumen un origen indígena. Así, quienes definen la política educativa hacia los pueblos originarios no son ni se consideran parte de ellos. Esto es muy ilustrativo para identificar a quienes se han hecho cargo de la política educativa para los pueblos. Eso quiere decir que no se cumplen los reglamentos internacionales ni nacionales, al igual que en otros ámbitos de la vida, para fortalecer la educación indígena.

Quienes actualmente tienen a su cargo la política de educación pública proporcionada a la población indígena en México tienen, al menos, los siguientes aspectos que considerar para modificar las circunstancias en las que se encuentra:

I) La participación de la población originaria en la conformación de un currículo adecuado, donde se contemplen los aspectos que a dicha población le interesa en el proceso educativo.

II) Sustituir de manera gradual a los docentes sin formación profesional adecuada para seleccionar a docentes de reciente ingreso con la formación necesaria.

III) Formar, capacitar y actualizar profesionalmente a los docentes activos para que tengan una formación acorde a la función que realizan.

IV) Valorar crítica y objetivamente los resultados de los programas educativos de formadores de docentes para el medio indígena con la finalidad de adecuarlos, actualizarlos o sustituirlos.

V) Impulsar procesos rigurosos y éticos de selección de los formadores de docentes para el medio indígena, considerando que tengan un perfil profesional adecuado, comprometidos e interesados, para eliminar prácticas nocivas que le hacen daño a la educación indígena.

VI) Seguimiento y actualización continua de los planes y programas de educación en nivel básico, medio superior y superior, proporcionada a los pueblos originarios.

VII) Impulsar procesos democráticos y transparencia reales al interior del sindicato de la educación para sustituir o despedir al personal que haya realizado actos de corrupción, como venta de plazas, exigencia de pagos para realizar trámites y la solicitud de favores de distinta índole.

VIII) Para realizar lo anterior se requieren recursos financieros suficientes, donde se consideren los salarios de profesores, así como la infraestructura necesaria y los materiales didácticos adecuados.

Es necesario que se tome en serio la educación pública proporcionada a los pueblos originarios. El reto tiene su alto grado de complejidad. A casi un siglo de creada la SEP y de políticas educativas para los indígenas, la interrogante es: ¿qué harán quienes ahora están a cargo de la educación pública en México para impulsar procesos de justicia social para nuestros pueblos originarios? ¿Veremos cambios sustanciales en los procesos, la dinámica y las condiciones de las políticas y los actores de la educación indígena?

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