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El sector turístico, el más voraz en el acaparamiento de tierras comunales: RAN

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El sector turístico, el más voraz en el
<br>acaparamiento de tierras comunales: RAN
Entrevista a Emilio García
La Jornada del Campo 142
20 julio 2019.
?Nuestra encomienda es fortalecer la seguridad de la tenencia de la
tierra de propiedad social?: Emilio García del RAN.
Cecilia Navarro
Como otras dependencias y oficinas del gobierno, el Registro Agrario Nacional enfrenta falta de personal por la ?austeridad?. A casi 8 meses de trabajo de la nueva administración, el coordinador del RAN, confía en que en un mes, ?o dos?, Hacienda dará la autorización para comenzar a contratar personal para las regiones rurales, donde el RAN tiene la tarea de regularizar y dar seguridad jurídica en la propiedad social de la tierra a ejidos y comunidades. En esta entrevista, Emilio García, responsable del RAN, habla de los desafíos de esa dependencia, a la luz de los megaproyectos, incluidos los del nuevo gobierno, y los procesos de despojo que pueblos y comunidades están enfrentando en todo el país.

?Nuestra primera encomienda es fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra de propiedad social. La segunda es el combate a la corrupción, sabemos que históricamente ha habido organismos como el RAN en las que ha estado ese cáncer. Lo estamos combatiendo porque ha afectado al campo mexicano. También estamos reestructurando la dependencia. Estamos simplificando procesos y acatando la disposición presidencial de reducir al mínimo los recursos humanos. Esas son nuestras tres tareas principales?, comenta García.

¿Con qué se están encontrando en materia de corrupción en el RAN?

Es impulsada por quienes están interesados en los grandes negocios con el suelo y por algunos políticos que se han hecho de grandes terrenos para hacer negocios. Estamos encontrando en diferentes estados la apropiación masiva de tierras de ejidos y comunidades a través de procedimientos aparentemente legales, de maniobras de gente que conoce el procedimiento y recurre a la compra de autoridades ejidales y comunidades y de ejidatarios en lo individual para llegar al dominio pleno de las parcelas, dejando al propietario social sin nada, a cambio de un dinero que se pronto se les acaba.

Algunos procedimientos son legales y otros son formas de despojo abierto. En su momento daremos a conocer la magnitud del problema y a los responsables del mismo. Tenemos que denunciarlos, pero aún no lo podemos hacer.

¿En dónde se están dando con mayor frecuencia estos casos?

En los destinos de playa, en Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Nayarit, donde el suelo alcanza muy altos costos por la industria turística. Estamos revisando con cuidado las solicitudes dominio pleno. Y si encontramos que hay alguna situación rara, como alguna parcela que excede de manera impresionante el tamaño promedio, ahí revisamos qué sucede.

Además, estamos estableciendo criterios, para que cuando haya irregularidades podamos detener el proceso y pedir una investigación.

Los primeros casos los daremos a conocer una vez que tengamos establecidas las representaciones formales en los estados, quizá en uno o dos meses. Eso nos va a permitir de manera formal dar a conocer la situación.

¿Ya tienen un diagnóstico actualizado sobre los conflictos territoriales activos? ¿Cuál es la situación?

Estamos construyendo este diagnóstico. Pero hemos detectado cientos de conflictos graves, focos rojos, que están en riesgo de llegar a violencia. Algunos son intercomunitarios, otros de linderos. En Guerrero hay por lo menos 50 conflictos; en Oaxaca y Chiapas, más. Hay focos rojos de la magnitud de la Selva Lacandona, de la zona mixteca. Del diagnóstico vamos a desprender el plan del trabajo para este y varios años más. Estará en un par de meses.

¿Qué están haciendo para solventar estos problemas?

Estamos yendo a hacer levantamientos topográficos para definir linderos, lo estamos haciendo en Campeche, Yucatán y otros estados. Y estamos en las mesas agrarias en las que convergen diversas dependencias y autoridades que ven temas agrarios. Ya hay mesas en Campeche, Tabasco, Yucatán, Guerrero, entre otros.

¿Tienen alguna política o esquema para evitar el hostigamiento que los ejidos están enfrentando para ceder sus tierras? Por ejemplo, en Península son presionados por los empleados de Fonatur y la CFE, por servidores públicos que trabajan para las empresas, por falsos ejidatarios. Son presionados por quienes buscan construir gasoductos, parques eólicos, desarrollos inmobiliarios, entre otros.

En primer lugar, es importante que la gente esté informada del carácter de los proyectos, de la importancia de mantener la propiedad social de la tierra. Esta estrategia tiene que conjuntarse con el trabajo de otras dependencias, como Agricultura y Bienestar. Estamos buscando coordinarnos con ellos para que los dueños de las tierras puedan desarrollar proyectos productivos en sus tierras. El RAN no cuenta con recursos para proyectos productivos, pero sí esas otras dependencias.

Se sabe, por ejemplo, que en Bacalar los empleados de Fonatur están presionando al ejido para que ceda 5 mil hectáreas?

Nosotros informamos lo que puede significar la venta desventajosa de tierras. Ya tuvimos contacto con los ejidatarios de Bacalar, estamos buscando que no malbaraten sus tierras, que las aprovechen de manera organizada. Ya hay avances en eso.

No solo sucede en Bacalar, sino en otras zonas, donde se puede rescatar el ejido común unidad productiva, como empresa social, cooperativa. No es tanto esa nuestra tarea aunque sí podemos participar. Nuestra tarea es cuidar la propiedad social de la tierras.


Zona hotelera de Cancún.
Lo cierto es que se están dando cambios en la titulación de los terrenos y no a través del RAN. En la Península está identificado un mecanismo ilegal de transferencia de títulos de propiedad, mediante la celebración de contratos privados en notarías. ¿Tienen detectado esto, qué van a hacer al respecto?

Es un problema extendido, sabemos de notarios públicos que han cambiado las actas de propiedad en tierras comunales y ejidales. Habrá un procedimiento para demandar la nulidad. Respecto a los tribunales, estamos tratando de establecer contacto con los magistrados en los estados y con el Tribunal superior agrario para que conozcan el contexto social de los procesos que están atendiendo. Es algo que no se hacía antes. La finalidad es buscar que los procesos jurídicos se hagan con justicia para los débiles y para que se nos permita detener maniobras leguleyas que hacen las grandes fraccionadoras, por ejemplo, las empresas inmobiliarias que se han aprovechado incluso utilizando a exfuncionarios de la Procuraduría o del RAN que conocen los procedimientos, o mediante la compra de los afectados, dándoles dinero han logrado legalizar asambleas que no han sido correctamente realizadas.

Estamos trabajando este tema; cuando tengamos mas elementos haremos la gestión necesaria para que la sociedad conozca la situación.

¿Tiene cifras sobre cómo ha cambiado la propiedad social a lo largo de las pasadas tres décadas y hasta la fecha?

No tenemos actualizada la cifra, lo que puedo decir es que desde 1992, con la reforma al artículo 27, sí se ha reducido considerablemente la propiedad social: en 1992 era alrededor de 60%. Y hoy andamos en 50% o menos. Eso lo vamos a tener en el RAN.

Hay estados como Guerrero y Oaxaca, donde más del 70% de la tierra es propiedad social. Ahí vamos a cuidar que no se siga afectando de manera ilegal esa propiedad social. Los más afectados son los que tienen presencia de industria turística y el Estado de México, por la presión de la mancha urbana, de los grandes fraccionadores y desarrolladores que operan en diversos municipios, en las zonas que están en procesos de urbanización.

¿Qué papel tienen el RAN para combatir otros procesos de ilegalidad, como la deforestación y el cambio de uso de suelo?

Nuestro papel es informar, somos una instancia técnica, informamos de la situación de la tierra: cómo están conformados los ejidos, qué suelos tienen, qué recursos, quiénes los habitan, cuántos ejidatarios. Esta información puede llegar a la Semarnat, por ejemplo: esta es área de selva o bosque y ya Semarnat dictamina si ahí se puede liberar un dominio pleno o no. El art 59 de la Ley Agraria señala esto.

Lo mismo sucede en el caso de las concesiones mineras. Nosotros podemos informar sobre el estatus de la tenencia de la tierra. Ya la parte de luchar en contra de las empresas no nos corresponde a nosotros sino a los interesados. Podemos informar, del estatus de sus terrenos y esta información también la podemos dar a las dependencias.

Su misión necesariamente requiere operadores en campo, ¿cómo la van a llevar a cabo con los recortes de personal en la administración pública?

Es un problema generalizado de la política hacendaria, pero tenemos confianza en que nuestro sector pueda ser entendido como prioritario. Nos han informado que Hacienda en un mes puede ya autorizar la contratación de personal, estamos en esa espera. También tenemos confianza en que nuestros superiores, nuestro secretario está haciendo las gestiones correspondientes ante hacienda y presidencia para que nuestro sector sea considerado en lo que se refiere a recursos y contratación del personal de estructura. Hacienda nos va a autorizar, esperamos que sea pronto, para que estemos en condiciones de combatir el rezago que tenemos.

Nosotros en el RAN estamos muy decididos a llevar a cabo nuestra tarea en el marco de la 4t. Nuestro organismo trata de defender los intereses del campesinado y las comunidades indígenas, al rescate del ejido y al combate de la corrupción.?

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