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Ofrece el gobierno de Oaxaca disculpa pública por atropellos en Nochixtlán

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Ofrece el gobierno de Oaxaca disculpa pública por atropellos en Nochixtlán

Agentes implicados en tortura y tratos crueles siguen impunes
Foto? De izquierda a derecha, Mario Loaeza Guzmán, joven arrestado y torturado en 2019 por elementos de la fiscalía de Oaxaca sin que hubiera cometido delito alguno; Carmelita Guzmán, madre de la víctima, y el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez, quien ayer ofreció una disculpa pública en la Universidad Politécnica de Nochixtlán Abraham Castellanos.Foto Jorge A. Pérez
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de febrero de 2024, p. 30
Asunción Nochixtlán, Oax., El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, ofreció una disculpa pública y la promesa de reparación integral del daño, como parte de la recomendación 04/2023 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, en cuanto a los hechos ocurridos el 28 de enero de 2019.

Ofrece el gobierno de Oaxaca disculpa pública por atropellos en Nochixtlán


La vida de Mario Loaeza Guzmán, entonces de 26 años de edad, dio un giro trágico cuando en pleno centro de Asunción Nochixtlán lo detuvieron cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la FGEO, quienes lo torturaron y sometieron a tratos crueles. Fue liberado al cabo de dos horas, pues no cometió delito alguno.

Cinco años después le ofrecieron disculpas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nochixtlán Abraham Castellanos, espacio educativo surgido con la intención de reparar el tejido social luego del fallido desalojo realizado el 19 de junio 2016, cuando policías federales y estatales agredieron a personas que se manifestaban contra la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, acción que dejó ocho civiles asesinados y más de 100 heridos de bala.

De acuerdo con Analí Peral Vivar, asesora jurídica de Mario Loaeza e integrante de la organización de la sociedad civil Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, destacó que la carpeta de investigación por el delito de tortura no ha sido judicializada, de tal forma que tres de los agentes implicados no han recibido más sanción que una suspensión, y el cuarto renunció a su cargo, por lo cual no se le ha castigado.

La activista explicó que la denuncia se remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sin haber hablado con la víctima o sus asesores legales, lo que retrasó el proceso, pues la carpeta demoró dos años en regresar a la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y a la Sociedad, donde sigue su trámite sin mayores avances.

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