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Agroindustriales de BC retienen documentos y sueldo a jornaleros

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<br>Agroindustriales de BC retienen documentos y sueldo a jornaleros
Esclavitud moderna: Sindicato
Les impiden regresar antes a sus comunidades o buscar trabajo en otros ranchos
Foto? Jornaleros agrícolas del municipio de San Quintín, Baja California, denunciaron la retención de documentos oficiales y una semana de salario en garantía para los patrones.Foto cortesía de El Vigía
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de agosto de 2022, p. 25
Mexicali, BC., Empresas agrícolas del sur de Baja California que contratan trabajadores de otros estados para la cosecha de productos de exportación retienen a los jornaleros una semana de salario y documentos personales como la credencial del Instituto Nacional Electoral, reveló Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

Como parte de esa forma de esclavitud moderna, señaló que los campesinos viajan en un camión desde sus lugares de origen con un contrato de mil 500 pesos semanales. Al llegar, los mayordomos separan mujeres y hombres para otorgarles un espacio en el que cohabitan hasta con 10 personas y duermen dos en cada colchoneta.

A la entrada de los campamentos, explicó, los jornaleros están obligados a entregar su identificación original y los comprometen a dejar en garantía el salario de la primera semana.

Las instalaciones cierran sus puertas a las 20 horas, por lo que ningún empleado puede entrar o salir hasta las cuatro de la madrugada, cuando comienzan las labores.

Ramírez refirió que esta situación fue detectada en el rancho Santa Mónica, ubicado en el Valle de San Quintín, aunque aseguró en otros lugares también es una práctica común.


<br>Agroindustriales de BC retienen documentos y sueldo a jornaleros



El primer caso es el de una jornalera originaria de Veracruz que relató que la empresa Santa Mónica le retuvo sus documentos y el sueldo semanal para mantenerla en ese lugar y que no pudiera regresar a su pueblo ni contratarse en otro rancho agrícola.

Abelina Ramírez, quien antes dirigió la asociación Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas (MUDJI), lamentó la situación que se vive en los campos agrícolas de San Quintín.

Lamentó las condiciones deprimentes de los trabajadores de Santa Mónica, empresa propiedad de Julio Meza que vende sus productos al consorcio estadunidense A&W.

Autoridades callan a cambio de unas cajas de fresas

La jornalera instó a las autoridades a honrar la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar, no traicionar y no callarse por unas cajas de fresas cuando visitan San Quintín.

Afirmó que cuando funcionarios estatales y federales realizan inspecciones en los campos de San Quintín los rancheros les regalan productos y con eso les tapan la boca para que no defiendan a los trabajadores.

La dirigente sindical advirtió que se está integrando un expediente sobre estas irregularidades para exigir a las autoridades que pongan fin a estas prácticas y sancionen a los patrones.

Lorenzo Rodríguez, secretario de SINDJA, mencionó que esas prácticas son comunes entre los rancheros que contratan mano de obra de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En entrevista, el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, Alejandro Arregui, reconoció que persisten violaciones a los derechos humanos de jornaleras y jornaleros, aunque hay avances importantes como la eliminación del trabajo infantil.

En el caso del rancho Santa Mónica, comentó que hay una inspección abierta por quejas de trabajadores relacionadas con el reparto de utilidades y el salario integrado, lo que permitirá indagar las anomalías descritas.

El funcionario expuso que para erradicar estas prácticas se requiere de un trabajo serio del gobierno y la exigencia es que la ley se cumpla por igual para todos.

Arregui dio a conocer que al recibir denuncias y quejas solicitan toda la información, lo que hace más complejas e intensas las inspecciones en los centros de trabajo, pues durante el proceso de recabar pruebas las empresas solicitan la ampliación del término legal.

La realidad de San Quintín es muy compleja y multifactorial y requiere soluciones de fondo de gobiernos, empresarios, organizaciones y comunidades, planteó el secretario del Trabajo del gobierno encabezado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tierra de contrastes

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, el Valle de San Quintín es el segundo productor de moras y frutos rojos de México; 90 por ciento de sus cosechas se destinan al mercado de Estados Unidos.

Esta región concentra más de la mitad del valor agrícola de la entidad, con 390 mil toneladas cosechadas en 11 mil 390 hectáreas; destaca el cultivo de jitomate, cebollín y hortalizas de exportación.

La situación de los 60 productores agrícolas, entre personas morales, personas físicas y núcleos familiares, contrasta en este municipio cuya población, la mayoría indígena, carece de agua potable, por lo cual se distribuye agua de pozos con pipas.

Los campos se riegan con agua tratada y de plantas desaladoras de agroindustrias que migraron de la agricultura tradicional a la protegida (en la que se controlan algunos factores del medio ambiente), lo cual la convirtió en la única región de México donde el riego para los productos agrícolas es por goteo (sistema que permite que se entreguen pequeños volúmenes de agua en forma periódica).

En 2020 San Quintín se constituyó en municipio. Con su desarrollo agroindustrial coexiste el rezago social de su población, constituida mayoritariamente por indígenas que dejaron de ser migrantes para asumirse como asentados, pues ya existe la tercera generación con raíces mixtecas, triquis y zapotecas.

Según el estudio Crecimiento agrícola y condiciones de trabajo en el Valle de San Quintín, de Agustín Escobar, Elisa Alejandra Martínez y Diana Haidé López, en los surcos de San Quintín laboran más de 40 mil jornaleras y jornaleros; 15 por ciento habla su lengua materna y prevalece el pago desigual a mujeres y hombres por el mismo trabajo.

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