Publica la SE más de 5,200 comentarios hechos a ley de etiquetado de alimentos

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Opinaron agrupaciones nacionales e internacionales
La publicación en el Diario Oficial de la Federación desmiente lo dicho por la IP acerca de que no se les escuchó, afirma El Poder del Consumidor
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 31
En vísperas de que se publique la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051), que regulará el nuevo etiquetado para los alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasados, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer la tarde de ayer los más de 5 mil 200 comentarios que realizaron empresas, organismos de la iniciativa privada, universidades, agrupaciones de salud y hasta gobiernos como el de Estados Unidos. Este hecho desvanece las afirmaciones hechas por la iniciativa privada de que fueron ignorados, indicó El Poder del Consumidor.

A unos días de que el vigésimo primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa revocó la suspensión provisional que fue promovida por la Confederación de Cámaras Industriales y el Consejo Coordinador Empresarial para detener la publicación de la norma, el gobierno federal detalló los comentarios hechos durante la consulta pública, que comprendió del 11 de octubre al 10 de diciembre de 2019.

Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, dijo a La Jornada que esto refleja el proceso democrático y participativo que hubo para la modificación de la norma 051. Comentó que se desmienten todos los argumentos que ha venido manejando la industria de que no fueron tomados en cuenta.

Destacó que en el documento se transparenta el proceso y que cada uno de los comentarios fueron respondidos por los comités consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ya que se explica por qué se tomaron o no en cuenta.

El texto, de 783 páginas, publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, muestra la participación de organizaciones globales como el International Council of Beverages Associations (ICBA), que agrupa a consorcios de productores de bebidas, como Coca-Cola, o la American Bakers Association, la cual representa a grandes compañías fabricantes de panadería.

Entre los comentarios destaca que en ningún momento se faculta a la autoridad sanitaria a regular en materia de propiedad intelectual; por lo que este proyecto debe enfocarse en materia de salud, a lo que los comités consultivos respondieron que no es un tema exclusivo de la Secretaría de Salud (Ssa).

El gobierno federal también rechazó diversos comentarios en los que diferentes empresas y organismos nacionales e internacionales expresan su desacuerdo por el uso del actual etiquetado. La Ssa y la SE respondieron que con base en la evidencia técnica y científica, el sistema de etiquetado frontal nutrimental vigente no ha generado los impactos positivos necesarios para advertir al consumidor de los productos prenvasados con un exceso de nutrientes críticos (sodio, grasas, azúcares, calorías y cafeína) que en un consumo excesivo representan riesgos para su salud.

El gobierno de Estados Unidos también realizó diversas anotaciones. Una de ellas fue conocer el objetivo, a lo cual las autoridades mexicanas indicaron que con base en la evidencia técnica y científica el sistema actual no ha generado los impactos positivos, por lo que se busca informar de manera clara y precisa al consumidor.

El ICBA solicitó al gobierno mexicano revisar la propuesta regulatoria preliminar y trabajar estrechamente para crear un sistema de etiquetado en la parte frontal, comentario que fue rechazado.

La Food Beverage Issue Alliance (FBIA) consideró que la propuesta de sellos negros no logrará el objetivo final de guiar a los consumidores hacia dietas más saludables, pues aumenta la probabilidad de confusión masiva de los consumidores e incluso puede interrumpir los flujos comerciales en América del Norte, objeción que tampoco fue aceptada.

El gobierno de Estados Unidos y la FBIA solicitaron un periodo de hasta tres años de implementación, pues la regulación es complicada y de largo alcance, lo que también fue rechazado por las autoridades mexicanas.