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Jaime Martínez Veloz

La Jornada

Aun año del terremoto de más de 7 grados que sacudió al valle de Mexicali y que tuvo como epicentro la zona donde se asienta el pueblo indígena de Cucapá El Mayor, las cosas van de mal en peor. El terremoto ocasionó daños severos a la mayoría de sus viviendas y al sitio de desembarque que utilizaban como acceso al mar los pescadores indígenas, principal fuente de ingreso de los integrantes de la esta comunidad.

El movimiento que sufrió el subsuelo significo la inundación del camino de acceso, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho los trabajos de rehabilitación, por lo que los pescadores indígenas agrupados en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá solicitaron a las autoridades federales que se autorizara un nuevo sitio de desembarque en el golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, las cuales por exceso de burocracia no respondieron oficialmente, pero se comprometieron a que esto lo subsanarían internamente, por lo cual los indígenas no tendrían problemas para realizar sus actividades de pesca.

La temporada de pesca de la curvina en el golfo de California se inicia en el mes de marzo y finaliza en abril, por lo que el sitio de desembarque se empezó a utilizar normalmente con la presencia de inspectores que de manera regular revisan las matrículas de las embarcaciones y los permisos de pesca. Los pescadores cucapás cumplían tales requisitos, sin recibir observación alguna por parte de las autoridades. Sin embargo la tranquilidad de los pescadores se vio violentada el día 12 de abril, al hacer presencia funcionarios de la Conapesca, quienes levantaron una acta de decomiso a un pescador indígena por estar descargando curvina en el sitio, argumentando que no estaba autorizado. La presencia de estos funcionarios estuvo acompañada por más de 20 elementos de la Armada de México; el encuentro se volvió ríspido por las formas en que respondieron los funcionarios al ser grabados en video por parte de los pescadores al momento del levantamiento de la sanción. Véase en YouTube “Mujer Conapesca burlándose de los pescadores cucapá”.

Nuevamente el 13 de abril en un barco de 20 pies de eslora inspectores de Conapesca y elementos de la Armada detuvieron a dos pescadores cucapás al querer descargar la curvina en el sitio de desembarque. Al enterarse otros pescadores indígenas, se arrimaron en sus pangas a reclamar la acción, y sostener que habían hecho la petición con tiempo para la autorización del sitio de desembarque. La prepotencia subió de tono, acusándolos de ser “indios ignorantes” por parte de las y los funcionarios. Al calor de la discusión el responsable de los elementos de la Armada dio la orden de arribar a las embarcaciones de los indígenas, situación que provocó, al brincar uno de ellos en una de las lanchas indígenas, el que soltara un disparo de arma larga del marino, se soltó un segundo disparo y se dio la orden de detenerlos, sometiendo a los pescadores a golpes y culatazos y encañonando a más de uno con las armas en la cabeza, incluidas mujeres y un menor. Ocho pescadores fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la PGR de San Luis Río Colorado, acusados de daños contra la nación e intento de homicidio (sic). Éstos fueron liberados 72 horas después gracias a movilizaciones de la sociedad civil local, nacional e internacional, aunque sus cinco embarcaciones, con motores, redes y la pesca, siguen confiscadas en Puerto Peñasco.

La lucha de los pescadores cucapás por el derecho a sus recursos naturales, y particularmente en la zona del delta del Colorado, en el Golfo de California, se ha venido agudizando en los últimos 50 años, al verse en principio invadidos por pescadores no indígenas, quienes por mucho tiempo han peleado la concesión de permisos; el convenio entre Estados Unidos y México sobre el uso del agua del río Colorado implicó que su zona tradicional de pesca, la laguna salada, se secara, teniendo que verse orillados a pescar en las aguas del golfo. Posteriormente, con la declaración de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, realizada en 1995 con el fin de preservar especies marinas en peligro de extinción creando áreas protegidas, que han propiciado que la comunidad indígena pasara a tribunales desde las instancias de gobierno del medio ambiente, legislaturas del Congreso local y las instancias de derechos humanos. Sus demandas ya se encuentran en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales, instruyendo al gobierno mexicano a la celebración de una consulta para establecer mesas de diálogo entre el gobierno y el pueblo indígena cucapá (2010).

La situación se está volviendo insostenible para estos pueblos, donde temporada tras temporada se dedican a la actividad tradicional pesquera y año tras año sufren detenciones ilegales, violación de sus derechos y enfrentamientos con las autoridades del gobierno federal, responsable directo de la violación del Convenio 169 de la OIT, en donde se manifiesta el derecho que tienen los pueblos indígenas al respeto de sus prerrogativas colectivas en el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales y de su territorio.

Queda claro que el incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés pactados con el EZLN seguirá prohijando situaciones como la que aquí se narra, por lo que urge el cumplimiento de los mismos, antes de que se produzcan resultados de mayor gravedad.