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En el Caso Nochixtlán no habrá perdón si antes no hay justicia: Comité de Víctimas

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En el Caso Nochixtlán no habrá perdón si antes no hay justicia: Comité de Víctimas
Familiares de los caídos en la represión a bloqueo de la CNTE en junio de 2016 exigen se investigue a los funcionarios que ordenaron el operativo policiaco
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Lunes 7 de octubre de 2019.
Si el gobierno pretende acabar con la impunidad, va a tener que enderezar la averiguación judicial sobre los hechos de Nochixtlán, Oaxaca (del 19 de junio de 2016) y determinar la responsabilidad de altos funcionarios que tomaron decisiones y dieron órdenes de aquel operativo policiaco hace tres años. Y sobre todo, tiene que dejar de hablar de perdón sin que antes haya justicia, asegura Sergio Luna, uno de los integrantes del Comité de Víctimas que surgió de esa agresión.

Para mí, que tuve que enterrar a mi hijo Óscar Luna Aguilar, un muchacho de 22 años, uno de los ocho caídos de aquel día, el presidente López Obrador no tiene la calidad moral para pedirme que perdone a los asesinos.

Con un Comité de Víctimas (Covic) dividido, algunos de sus miembros distanciados de la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y preocupados por que en los espacios de negociación del movimiento magisterial con el presidente nos tienen olvidados, estas víctimas (familiares de los caídos, sobrevivientes del ataque y otros damnificados) reclaman tener presencia en la reunión programada para este miércoles entre López Obrador y la CNTE, y que se retome como prioritario en la agenda de la Cuarta Transformación el esclarecimiento pleno del Caso Nochixtlán.

Para el representante legal de estas víctimas, Darinel Blas García, el cambio de régimen no significó avances: Desde el principio la investigación no fue ni imparcial ni objetiva. En todo momento se trató de evitar señalamientos contra autoridades, se quiso ignorar la cadena de mando sobre las órdenes que se dieron aquel día y que provocaron un operativo violento, con uso de armas de guerra contra la población civil y sin atender ningún protocolo sobre el uso de la fuerza.

Cuestiona que desde el primer momento se definieron los hechos como un enfrentamiento entre maestros y pobladores contra policías y no como un ataque frontal de la policía contra la población. Y esta narrativa sigue aun cuando ya la nueva FGR tiene el caso en sus manos.

En el expediente, indica, hay muchos datos falsos: se dice que el bloqueo era ejecutado por cerca de 350 maestros y pobladores, cuando a la hora del operativo no había más de 30, quizá 40 personas en el retén, porque ese domingo era Día del Padre y día de mercado y la gente estaba en sus ocupaciones. Participaron más de 850 elementos, tanto de policía municipal como estatal y federal y en menos de 15 minutos lograron su supuesto objetivo, retirar el bloqueo.

Sin embargo, el avance de los cuerpos policiacos siguió por todos los flancos e incluso por aire, disparando armas y gases lacrimógenos. La jornada se saldó con ocho muertos, centenares de heridos, el único hospital sitiado y algunos incendios.

El representante legal recuerda que las primeras líneas de investigación de la fiscalía estatal, bajo responsabilidad del ex gobernador Gabino Cué, se centró en acusar a los maestros y a la población de homicidio, lesiones y daños a terceros. Cuando la PGR atrajo el caso, no cambió la orientación de la investigación.

En todo momento intentaron ignorar las declaraciones de las víctimas. Las carpetas de investigación contienen, por ejemplo, más de 500 supuestos interrogatorios a elementos policiacos. Todos dicen lo mismo; nadie los cuestionó.

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