Los Pueblos del Jaguar: Chimalapas y Montes Azules

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Fotografía y texto de Elí García-Padilla
oaxaca.media
La mítica región de Los Chimalapas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, es el verdadero último gran bastión y reservorio de bosques tropicales en México, ésta rebasa por mucho a la Selva Lacandona o ?Reserva de la Biósfera Montes Azules? en el vecino estado de Chiapas, en materia de diversidad biológica, reservas de agua dulce que representan el 40% de los recursos hídricos en el país, así como en extensión territorial en buen estado de conservación, con cerca de 400,000 hectáreas.

La principal diferencia entre estas dos grandes y biodiversas ecoregiones multiculturales es que la historia de la Selva Lacandona ha sido, de acuerdo con el extinto Jan de Vos, la del etnocidio, despojo, saqueo, explotación y extractivismo de manera irracional. Caso opuesto en Los Chimalapas, donde no hay decretos de ANP´s federales, y además se tienen documentados de manera formal los primeros esfuerzos en materia de conservación comunitaria, consciente y voluntaria en México y el mundo, a partir del decreto de la creación de la ?Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas? en principios de la década de los 90.

El modelo de conservación comunitaria de la biodiversidad de Los Chimalapas es sui generis a nivel global. Sin embargo, fue boicoteado por las instituciones ambientales gubernamentales y por el modelo formal de ?conservación? por decretos federales de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) en México, que fue impuesto por la élite de la Ecología y el ambientalismo.

En el caso particular de los Zoques o Chimas (Ang pon) se sabe, con base en evidencia científica arqueológica, que desde hace al menos unos 2,500 años han ocupado y defendido tenazmente su territorio y bienes naturales comunes que les pertenecen legítima y ancestralmente. De acuerdo con la tradición oral, los comuneros compraron sus títulos virreinales hace poco más de cuatro siglos, al precio de 25 mil pesos oro entregados en jícaras y sirviendo como intermediario Juan Domingo Pintado; mucho tiempo antes de que se fundara México como país independiente y de que se crearan las instituciones ambientales.

Dichas instituciones, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron creadas hace poco más de un cuarto de siglo durante el Salinato y la transición al sexenio de Ernesto Zedillo, quienes, por cierto, designaron como primera secretaria a Julia Carabias Lilo, quien vino a Oaxaca de Juárez en 2019 en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, por invitación de la Fundación Alfredo Harp Helú, a decir que para ?garantizar? la conservación de los dos últimos espacios más biodiversos de México (Chimalapas y Lacandona), ella era de la idea de que no se debería de consultar a los dueños de la tierra y que los decretos de ANP´s deberían caer desde arriba y sin decir agua va. Una idea que evidencia su visión colonialista y discriminatoria hacia los pueblos originarios que son en realidad, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los guardianes del 80 por ciento de la biodiversidad remanente sobre la faz de la Madre Tierra.

En el caso de la Selva Lacandona, sus dueños originarios legítimos y ancestrales fueron los ahora extintos Lacantunes, los cuales fueron retraídos, acribillados y extirpados del territorio en tiempos de la conquista por el ejército español en la isla de la Laguna de Miramar.

Si bien el panorama socio-ambiental resulta en general mucho más complejo en Selva Lacandona, dado que el decreto de ANP cayó encima de tierras comunales, es claro que antes del decreto federal de 1978 de ?Reserva de la Biósfera?, ya existían ahí asentados varios grupos originarios como son los Hach Winik (?lacandones?), tzeltales, choles y tojolabales.?

En esa antes gran selva tropical lluviosa incluso está documentada la presencia de tzotziles y hasta zoques de Oaxaca; estos últimos que fueron llevados para colonizar la frontera entre México y Guatemala y que fue el propio Gobierno de México que los incentivó, subsidió y motivó para destruir la selva e introducir prácticas poco o nada sostenibles como la agricultura y ganadería extensivas y más recientemente la introducción de cultivos de palma africana.

En el año de 2020, el entonces secretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo Manzur propuso una solución integral para solucionar los conflictos territoriales que existen en la región a través del decreto de creación de un modelo de conservación de la biodiversidad alternativo al de las ?ANP´s de papel? vigente.

Lo que se pretendía era consolidar un modelo por ?Reservas Bioculturales? y con ello la impartición de un poco de orden, justicia social y certeza jurídica en materia ambiental en esa región prioritaria para su conservación, que si bien no es la más biodiversa, ni la más grande o siquiera la mejor conservada o manejada en México, merece toda la atención ya que actualmente ha servido como coto de poder y lucro de particulares y organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y/ó de la sociedad civil.

La propuesta de Toledo era darle más inclusión factor social y por supuesto esto no fue bien recibido por esta élite del ambientalismo y de la ecología en México, quien acusó al exfuncionario de ser un ?tarado? por proponer darle más poder e inclusión a ?esos indios?.

Ejemplos como estos nos muestran, que como miembros de la sociedad civil necesitamos estar informados, conscientes y sobre todo claros al respecto de lo que realmente se necesita para salvar al mundo del colapso socio-ambiental es un cambio de paradigma. Sin duda el capitalismo verde -coptación, privatización y mercantilización de los territorios y bienes naturales comunes- no es la receta mágica para salvar al mundo. Lo que los miembros de la elite de la ecología en el país ignoran es que para los pueblos originarios los territorios y bienes naturales comunes tienen un valor, pero nunca un precio.

El modelo de conservación biocultural merece el beneficio de la duda y poner a prueba sus tesis, postulados e hipótesis en torno a cómo se deben de manejar los complejos temas socio-ambientales y de conservación de la biodiversidad en el país, este representaría quizá la oportunidad de que, el poco incluido factor social sea por fin considerado, como debió de ser desde un principio.

Ya se dió suficiente tiempo (más de 25 años) a otros postulados, que han demostrado ser un fracaso. Hay evidencias de que las ANP´s por decreto en México han servido solo como terreno fértil para el establecimiento de concesiones mineras (1,609 concesiones mineras dentro de los polígonos documentadas al 2015) y han servido también como cotos de poder y lucro de particulares.

Entre otros males, en estas ANP´s sucede abierta e impunemente un constante saqueo ilegal de especies, madera, invasiones, incendios forestales, y prácticas nefastas como la bioprospección y la biopiratería a favor de grandes empresas biotecnológicas y farmacéuticas multinacionales.

En 2020 en Los Chimalapas las instituciones ambientales con Conanp a la cabeza, pretendieron volver a imponerles un decreto o en su defecto varios decretos de lo que ahora llaman Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC´s).

A los comuneros les quisieron vender la idea de que estos decretos serían la panacea para solución de todos los problemas y que con estos podrían acceder a muchos beneficios como son supuestos recursos monetarios, brigadas para combatir los incendios forestales, así como certeza jurídica para defender el territorio en contra de la minería y en contra del denominado Megaproyecto del Istmo.

Bastó con referir el contenido de la Ley Minera y la denominada Ley General de Biodiversidad ?propuesta por Ninfa Salinas, hija de Salinas Pliego y dueño de empresas mineras- para desmentir a estos actores aliados de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar.

Los que hemos recorrido a pie el ?México profundo? estamos más que conscientes de que estos últimos espacios naturales como Los Chimalapas y la Selva Lacandona existen gracias (y no pese a ) a los tan denostados ?indios?.

Los grupos originarios son los efectivos guardianes de los últimos y más importantes remanentes de biodiversidad (hotspots) no solo en México sino en todo el mundo. Esto ha quedado demostrado con la reciente negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental para la empresa minera de filial canadiense ?Minaorum Gold? en el cerro de la Cristalina, como resultado de la organización y resistencia de los comuneros de San Miguel Chimalapa.

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 8 de noviembre la controversia constitucional a favor de los comuneros Zoques-Chimalapas, los cuales han recuperado oficialmente 160 mil hectáreas en la zona oriente de Los Chimalapas invadidas y saqueadas por caciques, políticos, ganaderos y presuntos miembros del crimen organizado del vecino estado de Chiapas.?

En estos tiempos tan inciertos a escala global, la resolución de la Corte no es un logro menor. Considerando que si perdemos la batalla socio-ambiental, que es la madre de todas las luchas, todas las demás resistencias serán totalmente en balde.

?¡La batalla es por la vida!?

¡Larga vida a los pueblos originarios, los guardianes de la biodiversidad!