Se cumplen 10 meses de la desaparición del indígena Sergio Rivera

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Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de junio de 2019.
Desde hace diez meses el defensor indígena del medio ambiente Sergio Rivera Hernández fue desaparecido en la comunidad de Coyolapa, municipio de Zoquitlán, Puebla. Pese a las denuncias, señalaron activistas en conferencia, la fiscalía del estado no ha realizado las acciones de búsqueda necesarias.

Insólitamente, hace unos días las autoridades de justicia poblanas ordenaron un cateo en el hogar de Rivera, el cual se realizó con violencia y armas, pues la dependencia argumentó contar con el testimonio de un policía que señaló haber visto al activista conviviendo con sus hijos y escondiéndose en ese domicilio.

Denunciaron que con armas largas los agentes policiales rompieron puertas y cerraduras para ingresar violentamente al domicilio como si buscaran a un delincuente y no a una víctima de desaparición forzada, a pesar de que hasta el momento se desconoce el paradero de Sergio y hay tres personas detenidas y procesadas por el crimen, sin que ninguna de ellas haya informado sobre el destino del activista indígena. Agregaron que algunas personas que han sido testigos en el juicio han recibido amenazas y actos de intimidación, entre ellas la esposa de Rivera, Consuelo Carrillo, y sus cinco hijos, al igual que amigos y compañeros de lucha.

Los planes de imponer en la Sierra Negra de Puebla la construcción del sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzala impulsada por Grupo Ferrominero de México (Minera Autlán) no han parado, lo cual representaría el entubamiento y contaminación de importantes mantos acuíferos y la destrucción de más de 9 mil hectáreas de selva, en plena crisis medioambiental mundial.

Recordaron que Rivera Hernández encabezaba en Coyolapa y otras comunidades un proceso organizativo para exigir respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Pero a raíz de su desaparición se ha evidenciado el modo en el que la minera Autlán ha propiciado un esquema de división en las comunidades y la corrupción con las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto.