La flor de la palabra El sueño de estudiar

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Durante el nombramiento del antropólogo social Jaime Martínez Luna (derecha) como rector de la primera Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en imagen de septiembre 2020. Foto cortesía de Aidé Morales
Irma Pineda Santiago
06 Feb 2023
Periódico La Jornada

Durante el nombramiento del antropólogo social Jaime Martínez Luna (derecha) como rector de la primera Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en imagen de septiembre 2020. Foto cortesía de Aidé Morales
El sueño de estudiar

Hace unos días, conversando con una amiga, recordamos cuando teníamos un sueño que parecía lejano: estudiar en la universidad. Como no existía ninguna en el pueblo, ese sueño implicaba migrar hacia las ciudades grandes, con los sacrificios económicos y afectivos de la persona y la familia. Quienes contábamos con algún pariente en la ciudad creímos tener más suerte, pues podríamos recurrir a su apoyo a cambio del servicio doméstico, que nos parecía un intercambio justo, salvo cuando se agregaba a ello la violencia física, verbal, emocional e incluso sexual, que muchas veces fue soportada por la ilusión de obtener un título profesional, pues aspirábamos a mejorar nuestras condiciones de vida.

En la actualidad, gracias a las demandas y movilizaciones de organizaciones indígenas, varias instituciones académicas otorgan becas específicas para estudiantes de pueblos originarios, lo que contribuye a que estudien en condiciones más dignas que las generaciones anteriores, aunque no es suficiente, ya que la educación debe ser un bien y un derecho al alcance de todas las personas, pues nos da herramientas para desarrollar conocimientos que mejoren la vida personal y colectiva en beneficio de nuestros pueblos, y para defendernos de las sistemáticas violaciones a nuestros derechos más elementales.

También es importante que existan universidades en más regiones o pueblos indígenas, sobre todo cuando estas propuestas parten de las mismas comunidades que buscan que los conocimientos que ahí se compartan sean aquellos que aún viven en la memoria y en los saberes de la gente, además de los propios de la academia institucionalizada. Tal es el caso de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), que nació por las demandas de los pueblos mixtecos, zapotecos, chatinos, ayuuk, ikoots, zoques, amuzgos, triquis, chinantecos, mazatecos y pueblo afromexicano. Desde su creación se plantearon como funciones y tareas sustantivas la docencia, investigación, fortalecimiento y difusión de los saberes y la cultura, teniendo como base la comunalidad y sus cuatro pilares: el territorio, la asamblea, el trabajo y la celebración.

La UACO sustenta su creación en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del gobierno de este estado, el 20 de abril de 2020, y a menos de tres años de su inicio tiene influencia académica en seis de las ocho regiones de Oaxaca, mediante dieciséis Centros Universitarios Comunales (CUC) y trece Unidades de Aprendizaje. Sin embargo, el racismo como amargo animal se desplaza por las instituciones y, en el mismo año 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja sobre esta ley por aprobarse sin realizar la consulta previa, libre e informada, a la población indígena, al tratarse de un tema que ?les afecta?. Dicha queja fue trasladada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el 31 de agosto de 2021 emitió una sentencia invalidando el decreto número 1201 por el que se creó la UACO.

De esta declaratoria de invalidez se derivó también la notificación al Congreso de Oaxaca para realizar las consultas respectivas y legislar en la materia de educación indígena, por lo cual entre el 27 de enero y el 25 de febrero del presente año se realizarán dichas consultas que permitirán darle certeza jurídica a una propuesta que para varios jóvenes, especialmente las mujeres, es una esperanza para ejercer su derecho a la educación sin tener que migrar y enfrentar distintas formas de violencia, entre ellas, la institucional, como el curioso proceder de la CNDH y la SCJN que usan el derecho a la consulta y el convenio 169 de la OIT cuando se trata de echar abajo los esfuerzos de una educación de y para los pueblos indígenas, pero que guardan silencio cuando las comunidades demandan invalidar proyectos que afectan a sus territorios y recursos.