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Perderemos biodiversidad sin la protección legal de los loros, guacamayas y pericos

  • Categoría: Notas de prensa
  • Publicado el Martes, 11 Abril 2017 13:50
  • Escrito por Guillermo Marín
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La Joranda Ecológica 11 abril 2017                                                                                                    Los loros, guacamayas y pericos (miembros de la familia Psittacidae o psitácidos) son criaturas enigmáticas, inteligentes y longevas. Sus poblaciones silvestres son las más amenazadas en los bosques tropicales del mundo, incluido México. Los psitácidos son importantes en el mantenimiento de la diversidad de árboles, forrajean frutos buscando semillas, favoreciendo especies vegetales raras y disminuyendo la presencia de las comunes. También ayudan a dispersar semillas. Su papel dentro de la cadena trófica es muy importante.

Los psitácidos existían en poblaciones muy numerosas en los ecosistemas tropicales, se reportaban por miles en cada especie; han disminuido por la sobreexplotación causada por el comercio de vida silvestre. De las 355 especies conocidas del mundo, más del 30 por ciento están en peligro de extinción. Se han comercializado 259 especies, involucrando la extracción de millones de individuos durante décadas.

En México existen 22 especies de psitácidos; 21 de ellas están catalogadas en riesgo en la NOM-059-ECOL-2010 (11 en peligro de extinción, seis amenazadas y cuatro en protección especial). Todas las poblaciones de psitácidos mexicanos han sido saqueadas para el mercado de mascotas y sufrido pérdida de hábitat. Debido al deterioro continuo de las poblaciones, en el 2008 se adicionó a la Ley General de Vida Silvestre el Artículo 60 bis 2, que prohíbe la extracción con fines comerciales de cualquier psitácido silvestre del país. En la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (ahora en discusión en el Senado de la República) se pretende derogar este artículo (ver gráfica y cuadro).

Aunque muchas otras prohibiciones se mantienen en la iniciativa, para los psitácidos se propone un sistema de vedas flexible y discrecional, con control y vigilancia irreales. Diecinueve expertos y profesionales, apoyados por 132 académicos de diez instituciones de investigación y enseñanza superior, hicimos llegar a la Comisión de Medio Ambiente del Senado nuestras propuestas de redacción de estos artículos.

Consideramos que no hay condiciones de aprovechamiento “sustentable” para ninguna especie de psitácido y por ello nos pronunciamos por mantener su protección en la ley a través del texto del Artículo 60 bis 2. Es inoportuno e irresponsable que se derogue esta protección y que en los transitorios se abra la posibilidad de reiniciar el aprovechamiento de las especies mexicanas de este grupo de aves tan vulnerable.

La argumentación para este cambio en la ley se ha manejado usando varias premisas falsas: la presencia de una especie invasora en México relacionada con la prohibición; la idea de que conservar el hábitat es suficiente y la monetarización de la naturaleza; la propuesta de que es necesario utilizar para conservar sin ninguna argumentación científica de que esta opción funcionará para la existencia de estas especies.

El perico monje es conocido desde tiempos de Darwin como una especie “plaga” en Argentina. Se empezó a importar a México para el mercado de mascotas en el año 2000. En el 2006 se disparó la importación en grandes cantidades al momento del cierre de Europa a la importación de aves por la gripe aviar. Las importaciones crecieron año con año. Cuando en 2008 se aprueba el Artículo 60 bis 2 prohibiendo la extracción de pericos silvestres para el comercio, las cantidades que se dejan de extraer no tienen relación con las cantidades de pericos monjes importados. Estos pericos pueden portar enfermedades para la fauna silvestre. No se deberían haber importado y mucho menos liberado.

En su presentación de la iniciativa de ley general de biodiversidad del 24 de febrero la senadora Ninfa Salinas del llamado Partido Verde Ecologista de México, argumentó que la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) demostró que el perico monje se introdujo “para cubrir la demanda de aves que se dejan de ofrecer debido a la prohibición y por eso es necesario quitar la prohibición de las especies nativas”. Las dos cosas no tienen relación. Más adelante, la maestra Julia Carabias apoyó esta propuesta porque para ella las prohibiciones no tienen que estar en la ley marco, aunque sí se mantienen todas las otras prohibiciones.

Muchos criaderos o UMA sostienen que su actividad ayuda a la conservación de las poblaciones silvestres al “surtir al mercado de mascotas”; sin embargo, fomentan el consumo y no pueden competir con el precio de los traficantes ilegales. Es muy difícil para cualquier autoridad distinguir ejemplares provenientes del comercio “legal” o del “ilegal”.

Además, aún se mantiene abierta la opción de la crianza de mascotas legales de psitácidos de especies no nativas. La autoridad no puede supervisar el cumplimiento de un “aprovechamiento sustentable” porque no tiene la capacidad de inspeccionar los criaderos registrados, y menos asegurar que no “laven” ejemplares. Es decir, que declaren un número de ejemplares criados pero que en realidad incluyan los sustraídos de las poblaciones silvestres.

Al pretender al mismo tiempo vender y conservar psitácidos se entra a un conflicto de intereses, pues justamente la venta es la causa de su declive. No hay zoológico en el mundo que venda ejemplares de especies amenazadas o en peligro de extinción para obtener fondos que financien sus proyectos de conservación. Por su parte la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) afirma que desde 2008 el comercio ilegal de psitácidos ha disminuido en 24 por ciento; es decir, la estrategia de la prohibición sí está dando frutos. También se han establecido campañas como la de “No compres pericos silvestres”. Solo con programas educativos y de sensibilización seguirá bajando la demanda y la sociedad podrá participar en el cuidado de las poblaciones.

La crianza bajo cuidado humano puede funcionar como un “seguro” para evitar la extinción de un linaje que está en peligro en la vida silvestre, pero esta estrategia conlleva muchos problemas. Se disminuye la variación genética de las poblaciones silvestres, pudiendo provocarse una depresión endogámica. También se provoca en pocas generaciones una selección adaptativa al cautiverio. Aunque ha habido muchos esfuerzos de reintroducciones, la mayoría han fracasado por la pérdida de habilidades de los ejemplares nacidos y criados en cautiverio para sobrevivir en el medio natural.

También existe una capacidad e infraestructura limitadas, riesgos por enfermedades, altos costos y problemas de continuidad con los proyectos. Igualmente hay problemas porque para hacer proyectos de conservación en cautiverio se compite por recursos con proyectos de conservación in situ. Cabe señalar que antes de la prohibición del 60 bis 2, no hubo ningún proyecto en México de criaderos con fines de conservación y reintroducción.

A varias comunidades de la selva lacandona se les han creado expectativas de aprovechamiento extractivo o criaderos a partir de esta última población silvestre viable de guacamaya roja en México. Desde hace más de 20 años se presiona acerca del “aprovechamiento sustentable”. Pero no es viable en esta población. En 1996, Eduardo Íñigo Elías estudió la población de guacamaya roja y descubrió que tiene muy baja productividad.

Las guacamayas prefieren la parte ribereña de la selva y se distribuyen igualmente en partes conservadas que en perturbadas. Las abejas africanizadas y otras cinco especies de aves compiten por las cavidades donde hacen su nido. Íñigo encontró 41 nidos activos en cavidades de árboles viejos, de las que solamente 11 tuvieron huevos, cinco se perdieron porque los árboles fueron tirados por los vientos, cuatro por saqueadores, otros polluelos fueron depredados o atacados por abejas.

El cálculo del tamaño poblacional en ese año fue de no más de 200 parejas. Ante está evidencia se declaró que la población de guacamayas del sur de México “está en peligro de extinción y un programa de extracción incrementaría el riesgo de extirpar la especie en México y Guatemala”. También añadió que no debe haber huecos en la legislación que se aprovechen para las actividades ilegales y que posiblemente este programa podría nunca ser sustentable, pues la probabilidad de cosechar guacamayas es muy remota. La población silvestre sigue disminuyendo a pesar de los esfuerzos de conservación del hábitat.

Gracias a la prohibición, el aviario de Xcaret buscó la posibilidad de reintroducir guacamaya roja en lugares propicios de su distribución histórica. Su colonia reproductiva ha ido creciendo desde hace más de 20 años. El primer sitio que se abrió fue en el Ecoparque Aluxes, Palenque, Chiapas (2013) y el segundo en Los Tuxtlas, Veracruz (2014). Sumados los dos sitios se han liberado más de 200 individuos con éxitos de supervivencia de un 85-90 por ciento; no se registran casos de reproducción exitosa.

Estos proyectos son posibles solamente por el fuerte compromiso de los aliados locales y de la UNAM (en el caso de Los Tuxtlas), dado que siendo criados en cautiverio los individuos deben pasar por un proceso de liberación suave que conlleva un protocolo de manejo cuidadoso. También se atienden los grandes retos de trabajar con las comunidades para disminuir los dos factores que hicieron desaparecer las guacamayas: el saqueo y la pérdida de hábitat. Las comunidades rurales están respondiendo, se comprometen a cuidarlas y ven una oportunidad en el aviturismo. El campo necesita alternativas económicas sustentables; las hay con enorme potencial en la agroforestería. No se puede hacer tanto esfuerzo para recuperar a una especie para que se vuelva a explotar y perder.

Por estos argumentos y para no perder las poblaciones remanentes de estas especies, la prohibición se tiene que mantener y permitir:

La recuperación de las poblaciones silvestres de psitácidos mexicanos en su hábitat natural, con la participación de las comunidades o poseedores del territorio donde aún habitan, los criaderos que se interesen y también la sociedad.
Con proyectos y programas de educación ambiental dirigida al público sobre los problemas de tener este tipo de mascotas y con ello disminuir la demanda.
El cuidado de las poblaciones de psitácidos silvestres remanentes del saqueo y pérdida de hábitat.
Efectividad de los operativos donde los inspectores tengan manera de distinguir un psitácido ilegal de uno legal.
El único aprovechamiento sustentable que podemos aceptar en las condiciones actuales es el ecoturismo. Los loros, guacamayas y pericos son espectaculares en libertad, son sociales y muy vocales. Hoy tenemos que ir a lugares muy remotos para apreciarlas, porque quedan muy pocas poblaciones. Si beneficiamos a las comunidades rurales con proyectos que respeten las poblaciones de psitácidos y logren su recuperación, todos saldremos ganando.

La derogación del Artículo 60 bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre, en el proyecto de la ley general de biodiversidad, pone en peligro a todas las poblaciones de psitácidos en México y empobrece la biodiversidad que proclama defender.

Agradecimientos para Noemí Matías, Canek Rivera y Mauricio Gutiérrez por información adicional.

Patricia Escalante
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