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En 1996, primera recomendación internacional para investigar violaciones a derechos originarios

  • Categoría: Notas de prensa
  • Publicado el Viernes, 10 Agosto 2018 14:14
  • Escrito por Guillermo Marín
  • Visto: 28

Ana Langner
Periódico La Jornada
Viernes 10 de agosto de 2018.
Hace 22 años, el gobierno de México recibió la primera recomendación internacional de la que se tiene registro para investigar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas e indemnizar a las víctimas.
De acuerdo con información del buscador de recomendaciones internacionales a México, en 1996 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial aconsejó procurar la investigación de violaciones a este sector.

En ese momento, el Estado mexicano reportó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos protegía y promovía los derechos humanos de los pueblos originarios con el Programa de Asuntos Indígenas.

Una invitación similar hizo en 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México indicó que los hechos criminales contra integrantes de pueblos indígenas –particularmente por agentes públicos o con su anuencia o tolerancia– fueran investigados y sancionados conforme a la ley y que las víctimas o sus familiares recibieran la debida reparación.

El siguiente registro recogido en esta plataforma –elaborada de manera conjunta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Docencia– es de 2002, cuando el entonces relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Dato’Param Cumaraswamy, recomendó aplicar los acuerdos firmados por el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reconocer las tradiciones y el derecho indígenas, siempre que no estén en contradicción con el sistema jurídico dominante.

De las recomendaciones más recientes destaca la hecha por la CIDH en 2015, cuando sugirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e informadas en proyectos que afecten los territorios de los pueblos indígenas.

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