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Tren Maya, desarrollo y presencia estatal.

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Tren Maya, desarrollo y presencia estatal.
LuisHernández Navarro
Periódico La Jornada
3 marzo 2020.
La pobreza y precariedad en que viven comunidades y habitantes de la Península
de Yucatán no son producto de su supuesto aislamiento del mercado mundial.
Desde hace más de un siglo no existe tal cosa. A través de la industria
henequenera, las explotaciones forestales, las granjas porcícolas, los proyectos
extractivos, el gran turismo, el territorio peninsular y sus pobladores están
estrechamente integrados a éste.

Tampoco son resultado de una hipotética ausencia del Estado. Sólo quien no se
ha parado en esos 180 mil kilómetros cuadrados puede decir tal cosa.
La presencia estatal se extiende hasta el último rincón de la península,
entre otras muchas formas más, por medio de la regulación
de la vida ejidal, el crédito agrícola, el sistema público escolar y sanitario, la acción
de las agencias de desarrollo, las políticas de atención a la pobreza (llámense
como se llamen) y la red de agua potable, eléctrica y carretera. Lo que explica la
miseria de una parte de la población de la región no es ni la falta de desarrollo ni
de presencia estatal, sino las modalidades que éstas han asumido.

La pobreza es obra de un tipo de acumulación de capital, en que Estado y mercado se han
imbricado para fabricar empresarios al calor de obras públicas y del despojo y la
devastación de los recursos naturales, al tiempo que el voto de las grandes
fortunas impone gobernantes y los programas sociales controlan a la población.
La causa central de la penuria y estrechez económica proviene de una matriz de
crecimiento guiada por el capitalismo salvaje que despoja a los pueblos originarios
de tierras y territorios, promueve desarrollos inmobiliarios y turísticos que
depredan el medio ambiente, explota mano de obra nativa y migrante, favorece la
instalación de fábricas de puercos, permite la producción de soya transgénica y de
cultivos de invernadero abundantes agrotóxicos, que cierra los ojos ante el
desmonte de la selva.

Pieza central de este prototipo es el tráfico de drogas y la industria criminal,
impensables al margen del mercado mundial. No son un accidente ni una
anomalía. Son parte sustancial de la maquinaria que impulsa el movimiento
económico de la región. Desde las ciudades santuarios donde habitan las familias
de los señores del narco hasta los grandes emprendimientos donde lavan parte de
sus ganancias, pasando por las rutas de tránsito de sustancias ilícitas, el sureste
es una clave del rompecabezas del negocio de las drogas en México.
Se trata de un modelo que se reproduce con el apoyo de un patrón de consumo
cultural que exalta el glorioso pasado maya, pero desprecia (o folkloriza) a los
mayas peninsulares del presente. Que expulsa a sus integrantes de sus
comunidades para convertirlos en jornaleros, recamaristas, botones, meseros y
sexoservidoras. Que no respeta su derecho a la libre determinación. Que frena su
reconstitución como pueblos, reconociendo autoridades ejidales, pero no les
permite manejar sus asuntos como ellos quieren a través de la autonomía.
Como recordó Grain, este proceso fue abordado por la sección México del Tribunal
Permanente de los Pueblos, en la sesión que celebró en Maní, Yucatán, en 2013.
Múltiples testimonios documentaron un proceso amplio de acaparamiento de
tierras y bienes comunes, de destrucción socioambiental y territorial y de
aniquilamiento de los tejidos sociales como parte de un plan orquestado para el
desplazamiento y vaciamiento de los territorios de los pueblos mayas.
Lejos de poner fin a este modelo de desarrollo, el Tren Maya lo profundiza. No es
un asunto de correlación de fuerzas, sino de la naturaleza del proyecto. El tren no
es sólo un tendido ferroviario, sino una iniciativa de reordenamiento territorial con
30 estaciones y 18 polos de desarrollo, sobre tierras ejidales, financiadas, como lo
mostró en estas páginas la investigadora Violeta R. Núñez
( https://www.jornada.com.mx/2020/ 02/23/opinion/012a2pol ), no por recursos
públicos, sino por instrumentos financieros híbridos, a través de un Fideicomiso de
Infraestructura y Bienes Raíces, llamado Fibra Tren Maya. Fibra es la puerta de
entrada para la desamortización de los bienes ejidales en la región y el despojo en
gran escala de la propiedad social. Tal como confesó Rogelio Jiménez Pons,
director de Fonatur, en las nuevas ciudades habrá zonas para gente modesta que
podría ir a trabajar a pie, pero también pedir limosna si hace falta, pero a pie.
El proyecto no sólo no cuenta con estudios de impacto ambiental suficientes, sino
que no ha sido consultado con los pueblos indígenas, como establece el Convenio
169 de la OIT. Tal como lo concluyó la ONU-DH, la consulta organizada a finales de
año por las autoridades no cumplió con los estándares internacionales sobre
derechos humanos en la materia. Esta opinión estuvo precedida de
cuestionamientos críticos de la Relatora de Pueblos Indígenas y del Comité para la
Discriminación de la Tortura.

Más aún: múltiples testimonios dan cuenta de que las
autoridades condicionaron la entrega de apoyos y la solución de viejas demandas a
la aprobación del tren. Basta ver el proyecto Tren Maya en el espejo del
escándalo Enerall-Alfonso Romo o en el desarrollo de Cancún y la Riviera Maya
para anticipar su estación final. No hay peor negacionismo que el pretender que la
lógica implacable del capital puede regularse en favor del campo popular sólo
porque hoy están al frente de algunas instituciones del gobierno quienes hasta
hace poco tiempo lo criticaban.

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