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Resolver la problemática del agua en México

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Resolver la problemática del agua en México


Marisa Mazari, Adalberto Noyola, Ana Burgos, Pedro Moctezuma, Elena Burns, Óscar Monroy, José Agustín Breña, Antonio Hernández Espriú, Cecilia Espinosa
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La Jornada Ecológica
México y el mundo enfrentan una crisis por el agua que ha dado lugar a que el concepto de seguridad hídrica sea considerado en agendas políticas, económicas, sociales y académicas. La seguridad hídrica es la capacidad instalada en territorios específicos para asegurar el abasto de agua en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades domésticas y productivas y, a la vez, contar con un control razonable del riesgo hídrico, mediante la prevención, adaptación o mitigación de los efectos destructivos del exceso de agua por lluvias torrenciales y su escasez por sequías (Grey y Sadoff, 2007).

La seguridad hídrica depende no solo de condiciones ambientales y de infraestructura sino de factores sociales, institucionales y políticos, englobados en una gobernanza adecuada. Algunos son: la regulación y normatividad del acceso al recurso; la organización de los usuarios del agua, y el capital social con que cuenten los usuarios y las sociedades para dirimir conflictos por el agua con base en redes de colaboración y confianza. Estos factores se entretejen en espacios sociales apropiados para enfrentar los retos de distribuir de manera equitativa un recurso escaso.

Estos aspectos representan condiciones fundamentales para el uso y manejo sostenible de este recurso crítico.

La seguridad hídrica rural es fundamental para la seguridad alimentaria en tanto que hace posibles las actividades productivas agropecuarias de subsistencia, así como las orientadas a la producción para los mercados de distintas escalas.

Los territorios rurales son altamente vulnerables a eventos hidrometeorológicos extremos, vulnerabilidad que se agudiza ante la ausencia de estrategias locales, regionales y nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático basadas en la organización social y en el soporte institucional.

Cuando diversos actores tienen necesidades de suministro, el esquema más adecuado para la gestión integral del recurso hídrico es mediante una gobernanza basada en un plan de cuenca hidrográfica.

Sin embargo, el marco legal e institucional vigente en México desde principios de los años novente no ha logrado prevenir ni corregir la crisis del agua. Este marco, en sintonía con la liberalización de los mercados, ha buscado convertir las obligaciones del Estado en oportunidades para la inversión privada y ha pretendido lograr el cuidado del recurso a través de mecanismos mercantiles.

El intento de gobernar desde el mercado resulta en una distribución del agua profundamente desigual, dando pie a crecientes conflictos en torno al acceso al agua. Distintos actores ligados a proyectos extractivos, agroindustriales, de desarrollos inmobiliarios y turísticos ejercen una fuerte presión sobre los recursos hídricos de distintas cuencas, en ocasiones a expensas de las necesidades de la población.

Muchos de estos proyectos llegan a operar por encima y fuera del Estado de derecho, generando dinámicas de acaparamiento, despojo, y marginación hídrica, en un contexto de corrupción.



La ruta del cambio

Para el uso sustentable del agua se debe hacer la planeación del país por cuencas bajo dos principios básicos:

Conservar y usar los recursos de la cuenca prioritariamente dentro de la cuenca.
En cuencas con disponibilidad limitada de agua, ésta debe dedicarse prioritariamente al consumo humano directo o a través de alimentos; el resto de las actividades deberán abastecerse a partir del tratamiento y reúso de agua.
Para recuperar y mantener las reservas de agua dentro las cuencas se pueden identificar dos estrategias y varias acciones:

Reducir la extracción del acuífero mediante: el control de pérdidas en la red de agua potable; una demanda industrial y doméstica más eficiente (considerando la medición y cobro eficiente, tratamiento y reúso) y la armonización de la demanda agrícola y urbana y favoreciendo el riego con agua residual urbana tratada.
Aumentar la recarga natural de los acuíferos (aumentando las áreas de recarga) y artificial a partir de lluvia (captura, tratamiento, inyección y almacenamiento) y con aguas residuales domésticas (segregación, tratamiento e inyección).
Gestión y seguridad hídrica

Dado que seguridad hídrica y desarrollo están íntimamente ligados, urge la definición de políticas públicas pertinentes, acordes y adaptadas a los diferentes contextos y condiciones regionales. Estos son los lineamientos generales para encauzar cambios en México desde el quehacer gubernamental:

Posicionar la seguridad hídrica como un tema estratégico y urgente en los distintos órdenes de gobierno, en los ámbitos social, económico y ambiental.
Fortalecer el entendimiento de la cuenca hidrográfica como el espacio físico y social idóneo para el diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de decisiones y acciones para el manejo de los recursos hídricos.
Actualizar y adaptar la legislación para promover una gestión de cuencas efectiva, con la participación de actores sociales, respeto a los territorios locales y la colaboración entre sectores e instituciones.
Incorporar el agua en las zonas rurales como tema urgente y como eje transversal dentro de las estrategias para el desarrollo local en territorios rurales vulnerables.
Articular mecanismos de financiamiento a corto, mediano y largo plazos eficientes y transparentes para mejorar la infraestructura y las tecnologías del agua.
El agua subterránea

México enfrenta grandes desafíos en relación con el agua subterránea. En los próximos años las autoridades deberán impulsar, promover, gestionar, destinar recursos, desarrollar y divulgar las siguientes líneas:

Recarga gestionada. La legislación permite la inyección de agua en el subsuelo, pero ningún acuífero mexicano regional se ha beneficiado con prácticas de recarga. Es fundamental desarrollar un plan de gestión de la recarga.
Monitoreo automatizado de acuíferos.
Remediación, atención y protección del agua subterránea. Es necesario caracterizar los acuíferos e implementar estrategias de remediación de frontera.
Prohibir extracciones del agua subterránea para fracturamientos hidráulicos. Se recomienda que esta nueva administración canalice recursos para la creación de un laboratorio hidro y geoquímico nacional, para monitorear los contaminantes existentes y emergentes en los cuerpos de agua subterránea.
Replantear el modelo de gestión en la cuenca. Es necesario diversificar nuevas fuentes de agua para uso y consumo humano que, en conjunto con proyectos de gestión de la recarga, permitan la recuperación paulatina de los acuíferos y disminuyan las tasas de subsidencia actuales.
Gobernanza y marco legal

En este apartado se presentan los principales elementos de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas (ICLGA), producto de un largo proceso de discusión y participación iniciado en 2013:

Establecer una Agenda Nacional del Agua, a cumplir en 15 años, bajo las bases de agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos y agua para la soberanía alimentaria. Enfrentar la contaminación, la destrucción de las cuencas y aguas subterráneas, la vulnerabilidad evitable por inundaciones, sequías y el cambio climático, así como la corrupción, la impunidad y la criminalización de defensores del agua y los territorios.
Ampliar la coadyuvancia ciudadana-gubernamental para la planeación y gestión en varios ámbitos:
Reemplazar a la Conagua por el Consejo Nacional de Cuencas y Agua, construido desde las microcuencas, subcuencas, cuencas y regiones hasta lo nacional, con una participación abierta y con representatividad.

Democratizar las comisiones estatales de agua y saneamiento, integrando consejos estatales compuestos por representantes territoriales.

Democratizar los organismos municipales mediante la creación de consejos de administración compuestos por representantes territoriales de todos los actores involucrados.

Fortalecer los sistemas comunitarios como mecanismos esenciales para cumplimiento del derecho humano al agua, los derechos de pueblos indígenas y la defensa del territorio.

Construir contralorías ciudadanas autónomas que vigilen el buen funcionamiento de las instancias de planeación y gestión y que sean útiles para enfrentar intereses que amenacen el agua y territorio.

Crear planes rectores de cuenca como instrumentos de planeación territorial con observancia de los derechos humanos y de los pueblos.
Establecer nuevos instrumentos como: el dictamen de impacto socio-hídrico, que fortalezca las manifestaciones de impacto ambiental; el dictamen de análisis costo-beneficio socio-hídrico-ambiental, teniendo en cuenta la operación de todo el ciclo de vida de la infraestructura, así como los costos ambientales y sociales; la declaración de ?cuencas en estrés hídrico extremo? y el reconocimiento de áreas de importancia socio-hídrico-ambiental, y la protección de zonas federales, incluyendo la revisión y en caso necesario, revocación de las concesiones que impidan el buen funcionamiento de las cuencas.
Crear un sistema de información, monitoreo y alerta de cuencas y aguas, coordinado por el Consejo Nacional de Cuencas involucrando al SMN, la Conabio, el INECC, el INIFAP, la Conafor, el Inegi, los organismos operadores y las entidades responsables del agua. Esto implicaría la integración de todos los sistemas de monitoreo climático, hidrométrico y de aguas subterráneas en el país en un solo sistema.

Reconstruir el sistema de derechos a las aguas nacionales, privilegiando:
Concesionar solo el volumen ecológicamente aprovechable.

Destinar el agua prioritariamente al uso doméstico, los servicios públicos básicos y la soberanía alimentaria, seguido por las prioridades determinadas por el Consejo de Cuencas y Aguas.

Garantizar el acceso equitativo a un volumen acordado por el consejo.

Restaurar los derechos de los pueblos originarios.

Renovar las concesiones para usos no prioritarios en tiempo cortos (anuales), según la disponibilidad y el cumplimiento de las condicionantes de acceso.

Realizar inspecciones oficiales y monitoreo independiente, con financiamiento garantizado y acceso público a los resultados.

Priorizar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica requerida para garantizar los derechos al agua y a la seguridad hídrica en las políticas tributarias y en los presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal. El derecho al agua requiere políticas tributarias-fiscales progresivas para combatir las inequidades que pueden comprometer la estabilidad en ciertas regiones del país.
Construir la Contraloría Social del Agua (CSA) como un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición mayoritariamente ciudadana, con el fin de erradicar la corrupción y la impunidad. Tendría autonomía presupuestaria y de decisión, así como capacidad vinculante. La ASF tendría la obligación de investigar irregularidades detectadas por la CSA.
Crear la Procuraduría del Agua y Ambiente, constitucionalmente autónoma (con una unidad en cada cuenca, financiada con 5 por ciento de los derechos del agua), responsable de inspeccionar y sancionar violaciones de la normatividad.
Generar la Defensoría Pública del Agua y Ambiente.
Como se observa, se trata de un programa de largo alcance y de realizar cambios estructurales fundamentales en todos los asuntos relacionados con el vital elemento. Y que no debe postergarse.

Marisa Mazari, Adalberto Noyola, Ana Burgos, Pedro Moctezuma, Elena Burns,
Óscar Monroy, José Agustín Breña, Antonio Hernández Espriú, Cecilia Espinosa
Correos-e: Marisa Mazari: mazari@unam.mx
Adalberto Noyola: noyola@pumas.iingen.unam.mx
Pedro Moctezuma: moct@xanum.uam.mx
Elena Burns: elena.centli@gmail.com


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