¿OTRA VEZ ?UN MÉXICO SIN NOSOTROS??

¿OTRA VEZ ?UN MÉXICO SIN NOSOTROS??

Ojarasca 255, Periódico La Jornada
julio, 2018.
Las naciones indias tienen más antigüedad sobre
estas tierras que la Nación mexicana. La esencia
de nuestra identidad ayuuk o binnizá va más
allá de compartir alguna emoción por la victoria
o derrota en un partido de futbol de la selección mexicana.
Esta idea figuró en el mensaje de Yasnaya Aguilar
Gil, invitada por el EZLN en abril pasado al conversatorio
?¿Prohibido pensar??, llamando la atención sobre la
necesidad de reivindicar nuestra identidad y cuestionando
el uso que de la categoría ?indígena? se ha hecho en
el discurso hegemónico para negar la plurinacionalidad
en México. Se hizo posible el llamado a ?un nosotros
sin México?, reivindicando el ser ayuuk, binnizá o maya,
antes que la exigencia de homologar jurídicamente
cierta ?mexicanidad? que se nos ha negado y cuyo
reconocimiento, en tanto demanda, se vuelve cada vez
más obsoleto, al igual que la consigna ?Nunca más un
México sin nosotros?, más allá de la gran experiencia
que llevó al Congreso Nacional Indígena y a su Concejo
Indígena de Gobierno a conocer otras geografías del
movimiento indio nacional. Ello se ha mostrado a través
del caleidoscopio de espejos de las resistencias contra
el despojo por empresas transnacionales. En el nuevo
apretón del modelo global de acumulación por despojo,
ahora sí ?vienen por todo?, en particular dentro de las
denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE). En
aquel evento se mencionó el proyecto del Tren
Transístmico dentro del programa del gobierno entrante.

En su espiral de larga duración, el capital (?la hidra?, como
le han llamado los neozapatistas) busca formas de
reproducción que implican avasallamiento, genocidio y
destrucción de ecosistemas a fin de garantizar la
permanencia de su modelo.
Yasnaya Aguilar bosqueja una nueva ideología política
del movimiento indio, más preocupada por las
autonomías; cuestiona el sentimiento de la ?Nación?
mexicana, o de la consigna de ?la patria es primero?,
al reivindicar en primer plano el carácter ayuuk de su
identidad, como podrían hacerlo el p?urhépecha o el
binnizá, exigiendo autonomía plena y libre determinación
sin que se encuentre condicionada o limitada a su
representación y participación en el seno de un Estado
mexicano de nuevo tipo, algo que algunos inclusionistas
o integracionistas llaman ?la restauración de la IV República?.
El planteamiento de Aguilar coincide con el de los
hermanos mapuche cuando exigen la reconstitución del
Wallmapu, en tanto nación mapuche, que rompe con el
modelo del Estado nación neoliberal chileno.
En el mismo evento, el comunalista Jaime Martínez Luna
cuestionó el propósito del movimiento indígena de ?abajo y
a la izquierda?, de aparecer en boletas electorales con
una mujer indígena como candidata presidencial. Su
cuestionamiento radicó en la diferencia sustancial entre
un proceso electoral occidental y una asamblea comunal.
No obstante, es entendible desde esa perspectiva
electoral, la alianza que personajes como Adelfo Regino
Montes y su equipo han establecido con AMLO
para impulsar desde el Estado el cumplimiento de
las ?verdaderas? aspiraciones autonómicas de nuestras naciones,
pueblos, barrios, y tribus.
Ante el avasallamiento y el despojo de cientos de
comunidades, resulta oportuno hablar del reconocimiento
de los derechos de los pueblos originarios, a
riesgo de ser considerado ?neoindigenista?. Resulta
difícil encontrar el término adecuado para caracterizar
a la nueva relación del Estado con los pueblos indios,
que ya anuncian algunos juristas indígenas quienes
optarán por referirse a nuestros pueblos como indígenas,
ya que así se les reconoce en instrumentos de derecho
nacional e internacional. Para los analistas y antropólogos,
toda acción etnopolítica del Estado dirigida a
los ?pueblos? será calificada de acción indigenista. No
obstante, considerando que el fenómeno histórico de
la resistencia india es ya continental y transcontinental,
fungiendo las mismas empresas transnacionales como
el enemigo común en distintas latitudes, sería deseable
que los parámetros de una nueva agenda india o indianista
abreven de las resistencias de pueblos y naciones
. indias de todo el continente. No se trata de sólo ajustar
los procesos históricos de resistencia al correlato ?nacional?
del derecho indígena que debiera ser reconocido e
implementado constitucionalmente por el Estado.
Una nueva agenda india para México no puede soslayar
lo que se logró en San Andrés en febrero de
1996, como de hecho se contempla ya en el programa
de AMLO. Tampoco desconocer el protagonismo del
EZLN en el logro de los Acuerdos; en este sentido, los
pueblos y naciones indias reconocidos como sujetos
de derecho público serían un buen punto de partida,
empezando por la liberación de los presos políticos de
todo el país, como los compañeros de Tlanixco, Estado
de México, quienes llevan más de diez años de injusta
prisión. Otro elemento para la definición de un contexto
adecuado para el diálogo sería el establecimiento
de comisiones de la verdad para la presentación con
vida de miles de desaparecidos. La jurista Magdalena
Gómez, también invitada al conversatorio ?¿Prohibido
pensar??, analizó la vigencia del contexto jurídico del
proceso de diálogo nacional entre el Estado mexicano
y el EZLN, interrumpido durante la mesa de Democracia
y Justicia en agosto de 1996. A propósito de los logros
jurídico-constitucionales, Gómez destacó que el diálogo
se encontraba suspendido, no roto, lo cual daba cobertura
legal a la presencia de los neozapatistas en eventos
como el aludido. Más allá de la ?Ley Cocopa?, el nuevo
equipo de asesores constitucionalistas y neoindigenistas
de AMLO, encabezados por Adelfo Regino y
Francisco López Barcenas, buscará propuestas de reformas
para adecuar la Constitución a los avances que en materia
de derechos indígenas se han presentado desde
el Convenio 169 de la OIT en 1989, hasta la Declaración
Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de
la ONU en 2007. La principal oposición vendrá de las
empresas transnacionales energéticas y mineras que
cuentan ya con concesiones en territorios indígenas.
Independientemente de la voluntad que el EZLN pudiera
tener o no para dialogar con el nuevo gobierno,
se abre un impasse interesante en el proceso histórico
de la resistencia de los pueblos indígenas. Si el nuevo
gobierno ventila la posibilidad de reconocer y respetar
los Acuerdos de San Andrés, éstos deberán ser elevados
a rango constitucional. Mucha agua ha corrido
bajo el puente después de San Andrés. Se promulgó,
por ejemplo, una Ley de derechos linguísticos que
rebasa en mucho lo que apenas se bosquejaba en San
Andrés. No obstante, se sigue negando la posibilidad de
oficializar las lenguas indígenas. Una prueba de fuego
para AMLO será la contrarreforma del 27 Constitucional,
sobre todo en lo que se refiere a la recuperación del
carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las
tierras de comunidades y ejidos, en su mayoría indígenas,
a merced del mercado capitalista desde 1992. Los
parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec son una
muestra. El tema de las tierras fue eludido por
la delegación gubernamental en San Andrés, con la promesa
de que se retomaría en la una mesa de Procuración de
Justicia que nunca llegó.
Un problema que desborda cualquier posible agenda
para un diálogo es que la autonomía real en distintas
regiones no cabe en los actuales marcos
jurídico-constitucionales. La autodefensa, como parte
del ejercicio
de la autonomía y la libre determinación, es un tema
donde la experiencia de cientos de comunidades en
Guerrero puede inspirar propuestas de reconociemiento
constitucional.
En todo caso, es probable que quede en manos de
la Asamblea del Congreso Nacional Indígena y
el Concejo Indígena de Gobierno, a realizarse en octubre,
decidir sobre la posibilidad de diálogo nacional con los
pueblos indios de México, que se vislumbra en el programa del
gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre g
Ranchu Gubiña, Oaxaca, a diez meses del terremoto.




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