Quito, 3 de mayo de 2017
Prensa Indígena.
Las luchas históricas de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, de pueblos y de nacionalidades permitieron plasmar en la Constitución de Montecristi (2008) el reconocimiento de la Soberanía Alimentaria como eje estratégico para el Estado Plurinacional e Intercultural, y objetivo del pago de la deuda agraria en el Ecuador. De ahí en adelante, se han dado varias disputas por materializar este mandato constitucional.
Uno de los primeros triunfos fue la aprobación de la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria en el 2009. Dicha normativa se rige por los principios de autodeterminación, solidaridad, participación, interculturalidad y acceso a los factores de producción, para la cual se debía garantizar el acceso al agua, la tierra, la protección de la agrobiodiversidad, la investigación, el diálogo de saberes, la comercialización, acceso a crédito, etc. Esta ley creó la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), como espacio que garantice el cumplimiento de este mandato constitucional.
Una gran participación, movilización y procesos de consulta impulsados por las organizaciones indígenas y campesinas, pueblos y nacionalidades en articulación con otras instancias permitieron, desde el 2010, la elaboración de alrededor de nueve propuestas de ley, con el firme objetivo de implementar el Régimen de Soberanía Alimentaria en el país. Sin embargo, los escenarios económicos, los poderes de facto y la decisión política sobre las transformaciones necesarias para el campo, no sólo han estancado los logros alcanzados sino que la apuesta del gobierno ha sido el agronegocio.
Tal es así, que en 2014 se aprueba la Ley de Recursos Hídricos y en 2016 la Ley de Tierras. En ambos casos, lo que se garantiza es la propiedad privada, se promueven incentivos para el mejoramiento de la productividad de los predios a través del monocultivo y paquetes tecnológicos y se implementa un acceso a recursos productivos vía mercado, lo cual dificulta enormemente que las agriculturas familiares campesinas e indígenas logren una transferencia efectiva. En mayo de 2017, campesinos y campesinas enfrentarán el nuevo proyecto de Ley de Semillas que consolida el modelo del agronegocio en el Ecuador y sepulta la Soberanía Alimentaria.
El contenido de esta propuesta de Ley de Semillas tiene varios puntos conflictivos y problemáticos para los campesinos y las campesinas:
1. Promueve la agricultura sustentable calculada a través de la viabilidad económica de ingresos y egresos que pueden generar las economías agrarias, colocando en los mismos parámetros de medición a la agricultura familiar campesina e indígena frente a los grandes complejos del agronegocio. De esta forma, dicho proyecto reduce la agrobiodiversidad a los recursos fitogenéticos, in-visibilizando el sistema complejo de relaciones entre factores naturales y el ser humano que interviene en la agricultura.
2. Declara que el componente genético es parte de la agrobiodiversidad y el patrimonio del Estado, el cual estará orientado al desarrollo de derechos y al interés social, desplazando a los saberes ancestrales, a los pueblos y nacionalidades como los legítimos herederos de riqueza natural. La capacidad de administración de los recursos fitogenéticos será del Estado.
3. Sobre las semillas nativas y campesinas se ejercerá todo tipo de control en la circulación y el uso. Las prácticas comunes de intercambio y almacenamiento de las semillas campesinas serán vigiladas por inspectores fitosanitarios y la fuerza pública (Art. 54 del proyecto de Ley de Semillas). La creación de la Autoridad Agraria Nacional asigna a ésta, la discrecionalidad para autorizar la libre circulación de semillas nativas y la cualificación de su calidad.
4. La participación de las campesinas y los campesinos, su articulación y capacidad de incidencia en la determinación de políticas públicas, proyectos y programas, es reducida al Consejo Consultivo de Semillas, cuyas resoluciones y sugerencias pueden ser consideradas o no por la Autoridad Agraria Nacional. Además, elimina a la COPISA bajo el argumento de que ya se han elaborado las leyes necesarias para la Soberanía Alimentaria, desapareciendo así una de las pocas instituciones que promueve la acción activa de las organizaciones indígenas, campesinas y mujeres rurales.
Las organizaciones y las personas que adscribimos a este pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana y sostenemos que:
a) Toda ley de semillas debe contemplar los siguientes puntos irrenunciables:
Declarar las semillas y los recursos fitogenéticos patrimonio de los pueblos y nacionalidades a servicio de la humanidad.
Fomentar el libre uso y comercialización de las semillas nativas y campesinas.
Ejercer control sobre el uso, comercialización e importación de las semillas certificadas.
Protección de la agrobiodiversidad y de las prácticas ancestrales de producción de alimentos a través de una alimentación sana, segura, nutritiva y soberana.
Mantener al Ecuador como país libre de semillas transgénicas.
b) La Soberanía Alimentaria es un derecho que se construye de manera permanente en consonancia con una realidad nacional, regional y global compleja y cambiante. Y si la Soberanía Alimentaria es un objetivo constitucional verdaderamente estratégico, entonces se requiere de una legislación que -lejos de eliminar la entidad a cargo de que la Soberanía Alimentaria tenga prácticas tangibles que trasciendan los discursos políticos-, provea un espacio de diálogo e intercambio permanente entre el Estado y la sociedad civil que la encarna, la cuida y la construye día a día.
Firman:
Acción Ecológica, Ecuador
Alberto Zambrano, Ecuador
Alejandra Santillana, Ecuador
Ana Deaconu, Ecuador
Ane Galdós Balzategui, País Vasco
Campaña Al Grano
Carlos Jara, Ecuador
Carlos Rodríguez Wallenius
Carlos Vacaflores, Bolivia
CEA (Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología), Ecuador
Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, Ecuador
Carolina Cano, Ecuador
Carreras Agropecuarias de la UCSG (Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador)
Colectivo Agroecológico del Ecuador
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
Comunidad de Estudios Jaina, Tarija, Bolivia
Daysi Peña, Colectivo Nacional Agroecológico, Ecuador
Dr. Johannes Waldmueller, UDLA Quito, Ecuador
El Manso, Guayaquil, Ecuador
Emanuel Bra-Guzmán, Guatemala. Programa de Estudios Latinoamericanos, UNAM
Eraldo da Silva Ramos Filho - Universidade Federal de Sergipe, Brasil
Esteban Daza, Ecuador
Fabián Zurita, Secretario del Centro de Estudios Agustín Cueva, Ecuador
Fernanda Vallejo, Ecuador
FIAN Ecuador
Flavio Bladimir Rodríguez, Colombia
Floresmilo Simbaña, Dirigente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)
François Houtart, profesor e investigador del IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador)
Fundación In Terris, Ecuador
Gabriel Tobón, Bogotá, Colombia
Gabriela Borja, Ecuador
Gabriela Ruesgas, La Paz, Bolivia
GeoRaizAl
Grupo de Investigación: "Conflicto, región y sociedades rurales", Colombia
Grupo de Trabajo GT Desarrollo Rural, Costa Rica
GT CLACSO Estudios Críticos del Desarrollo Rural
Instituto de Estudios Ecuatorianos, Ecuador
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica IPDRS, Bolivia
Isabel Salcedo, Ecuador
Jorge Montenegro (UFPR / Curitiba Brasil)
José Julián LLaguano, Grupo de Trabajo Costa Rica
Juan Guillermo Ferro Medina, Colombia
Katherine Herrera, Ecuador
Liisa L. North, Profesora Emerity, York University y Profesora Vistante, FLACSO-Ecuador
Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos - Universidade Federal de Sergipe, Brasil
León Enrique Ávila Romero, México
Luciano Concheiro, UAM Xochimilco, México
Marco Cedillo Cobos, Ecuador
Marisabel García Acelas, Grupo de Trabajo de CLACSO de derechos humanos, luchas y territorialidad
Mario Sosa, Investigador Universidad Rafael Landívar, Guatemala
Melissa Moreano, Ecuador
Mercedes Solá, Brasil
Movimiento Agrodescendientes, Colombia
Movimiento Regional por la Tierra y Territorio
Myriam Paredes, Ecuador
Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), Ecuador
Nora Fernández, Ecuador
Observatorio del Cambio Rural, Ecuador
Pablo Ospina, docente Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Patricio Bravo Vera, Cuenca, Ecuador
Pilar Lizárraga, Bolivia
Red Agroecológica de Loja, Ecuador
Red de Ecologistas Populares, Ecuador
Ruth Bautista Durán, Bolivia
Sara Latorre, Ecuador
Sergio Uribe, UAM Xochimilco, México
Stalin Herrera, Ecuador
Stephanie Andrade Vinueza, Ecuador
Tegantai, Agencia Ecologista de Información, Ecuador
Unión Tierra y Vida, Ecuador
Vanesa Sosa
Violeta Núñez Rodríguez, UAM - Xochimilco, México
Virginia Vallejo, Ecuador
Yanga Villagómez V, Centro de Estudios Rurales El Colegio de Michoacán, México
Si quieres sumarte a este pronunciamiento, escríbenos a: ocaru2012@gmail.com
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