La organización y la lucha no sólo son posibles, sino urgentes

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Gilberto López y Rivas
Periódico La Jornada
15 de diciembre 2017.
Apartir de que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hicieran pública su propuesta de crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), cuya vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, captara el apoyo ciudadano para ser inscrita como candidata independiente en las boletas de votación de las elecciones presidenciales de 2018, se renovó el debate fracturado por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del Estado mexicano y su clase política.

La rebelión de los mayas zapatistas en enero de 1994 y la posterior apertura del diálogo con el gobierno federal impusieron en la agenda de la sociedad mexicana la llamada cuestión étnico nacional, esto es, la problemática de una nación históricamente forjada mediante una violenta conquista que dio lugar a un genocidio y un etnocidio que atraviesan la colonia y la vida independiente. Ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, ni la de 1917, reconocen el carácter pluriétnico, pluricultural y plurilinguístico de esta entidad nacional, porque las políticas del Estado de segregación y asimilación negaron la existencia y los derechos de los pueblos como colectividades. La celebración de los estados latinoamericanos, junto a los de España y Portugal, del encuentro de dos mundos en 1992 –memorable eufemismo para encubrir esa tragedia–, provocó la Campaña 500 años de Resistencia Negra, Indígena y Popular, y forzó a los estados latinoamericanos, entre ellos el de México, a reconocer formalmente a los pueblos originarios en sus textos constitucionales.

Un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia comunitaria, ciudadana y sectorial, tanto en México, como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa negada y oculta realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación genuina de la sociedad civil. En San Andrés, los zapatistas ceden la interlocución con el gobierno federal, particularmente a los pueblos indios, sin otra condición que lograr el consenso en los acuerdos que presentaría la comandancia zapatista en la mesa de negociación. Resultó insólito en ese esfuerzo de paz entre una organización político-militar y un gobierno, la incorporación como asesor e invitado del EZLN de más de mil personas provenientes de organizaciones políticas, sociales, gremiales, periodistas, escritores, estudiosos de las ciencias sociales, siendo especialmente significativa la presencia de representantes de aproximadamente 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica, que expusieron sus ideas y propuestas mediante formas de participación horizontales y colectivas que trasformaron el diálogo en un inédito espacio de discusión, lo más cercano a un congreso constituyente. El proceso comprendió foros sobre derechos indígenas, democracia y justicia, que, a su vez, conformaron instancias de coordinación como el Congreso Nacional Indígena, que ampliaron y fortalecieron la participación de organizaciones indígenas y no indigenas independientes en la política nacional.

Hoy, el recorrido del CIG y su vocera Marichuy por el territorio nacional, devastado por la recolonización corporativa, el crimen organizado, los gobiernos de traición nacional y la partidocracia, es continuidad de ese proceso de reconstitución de los pueblos indígenas, de recomposición del tejido social en los ámbitos urbanos y rurales, con el llamado a organizarse y articularse territorial y sectorialmente para resistir la escalada represiva que se anuncia aún mayor que la sufrida durante esta década. En toda la República surgen redes de apoyo al CIG-Marichuy, con la vehemente convicción de obtener firmas para inscribir a la vocera en la boleta electoral y profundizar la organización, a pesar del clasismo y racismo institucional de los aparatos de Estado, como el INE, con su esquizofrénica fiscalización financiera que impone la monetarización de la solidaridad popular y comunitaria, comercializa toda actividad política, obliga a acudir a costosas y sofisticadas consultorías contables para no ser víctima de onerosas y graves sanciones a militantes y simpatizantes equiparados con partidos, y que de ninguna manera pueden acceder a semejantes consultorías, ni convertirse en burócratas asalariados.

Nuevamente, como ocurrió en el diálogo de San Andrés, las reacciones a la iniciativa del CNI-EZLN