Resisten mayas contra granjas porcícolas en Yucatán pese a la represión

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Los de abajo
Gloria Muñoz Ramírez
Periódico La Jornada
25 marzo 2023
Pueblos mayas que se resisten a la imposición de megagranjas porcícolas en Yucatán se han encontrado con la represión como respuesta. Esta semana, elementos de la Policía Estatal de Investigación de la entidad detuvieron arbitrariamente a cuatro personas durante una protesta pacífica llevada a cabo en Mérida, en solidaridad con la comunidad maya de Sitilpech, que padece graves consecuencias ambientales desde que en 2013 llegó la empresa de cerdos Productos Pecuarios para Consumo, aparcera de Kekén, la misma que intentó imponerse encima de los cenotes de Homún.

La megagranja de 48 mil cerdos, ubicada a tan sólo tres kilómetros del pueblo de mil 400 habitantes, ha ocasionado graves daños a los cenotes y los mantos acuíferos, además de olores insoportables en todo el pueblo. Durante 10 años los mayas afectados no han dejado de luchar contra el deterioro que se incrementa día con día, y en el camino han padecido de todo. Hay, por ejemplo, ocho defensores mayas denunciados por la Fiscalía por cortar una carretera durante una protesta.

En febrero pasado, 70 policías reprimieron un campamento opositor conformado por decenas de mujeres. El plantón se instaló para impedir la operación de la empresa, pero los policías de Yucatán y de Izamal llegaron a apoyar a la empresa golpeando a la población. Por la represión, 15 mujeres y adultos mayores resultaron heridos, además de que se iniciaron los procesos penales contra los ocho defensores por el delito de obstrucción de vías de comunicación. Esta semana, la jueza Virginia Polanco, del segundo distrito judicial de Yucatán, consideró que hay indicios suficientes para continuar con la investigación, aunque rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, petición considerada absolutamente desmedida por la organización Kanan.

Kanan y el Cejudi recordaron a la Fiscalía y el gobierno estatales que la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y el abuso policial son violaciones a derechos humanos protegidos en la Constitución y los tratados internacionales, y aseguraron que mantendrán el seguimiento de los cuatro activistas detenidos en Mérida hasta que sean puestos en libertad.

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