Chimalapas en conflicto

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Josefa Sánchez Contreras
Ojarasca, Periódico La Jornada
El 24 de diciembre del 2015 detonó nuevamente el conflicto en los Chimalapas. En San Francisco La Paz, comunidad perteneciente a Santa María Chimalapas, detuvieron a cuatro veracruzanos que invadían con nuevos asentamientos los bienes comunales chimas

Los días 20 y 21 de enero en la subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reunieron el comisariado y autoridades de Santa María Chimalapas, comisionados de San Francisco La Paz, comisionados de la congregación Benito Juárez perteneciente a San Miguel Chimalapas, representantes de la Secretaría de Gobierno, Segob, los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Profepa, PGR, Maderas del Pueblo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y abogados independientes.

La tsotsil de la cámara, 2006 Oaxaca. Foto: Nadja Massün

Días antes de la negociación, el 14 de enero, los gobiernos habían anunciado el acuerdo de establecer una Base de Operación Mixta (BOM) en puntos estratégicos de los Chimalapas y aprobaron el despliegue de las policías estatales de Oaxaca, Chiapas y el Ejército federal en la zona. El consejero jurídico Víctor Hugo Alejo, quien lleva el caso de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, informó sobre la operación, asegurando que los gobiernos de ambos estados procurarían que las cuatro personas retenidas en San Francisco La Paz fueran procesadas por la vía legal. Esta respuesta del Estado ya es conocida pues la ejecutó en el 2011 sin desalojar a los invasores ni resolver el conflicto de fondo.

Las mesas de negociación fueron entonces un protocolo repetido que fungió como legitimador, por las partes firmantes, de lo acordado el 14 de enero por los gobiernos federal, de Oaxaca y Chiapas, al hacer asumir a los representantes de San Francisco La Paz el compromiso de plantear a la asamblea comunal la entrega de los retenidos a la fiscalía general.

Mientras, los desalojos de invasores quedaron en la sala de espera de la autoridad jurisdiccional, con el cobijo de un discurso institucional que promete resolver por la vía constitucional un conflicto antiguo, aunque la vía legal demuestre estar en el cadavérico expediente de la Controversia Constitucional emitido en 2012. La cuestión agraria quedó replegada al penúltimo punto, como una simple mesa de trabajo que prometen coordinar Oaxaca y Chiapas después de que la autoridad jurisdiccional apruebe el desalojo de las invasiones.

Abordar el trasfondo del conflicto de los Chimalapas plantea las cuestiones agrarias, lo que implica poner el dedo sobre la llaga.

Las llamadas invasiones chiapanecas por el oeste de Chimalapas es la historia de tsotsiles y zoques desplazados de sus territorios por la implantación de la presa Malpaso en Chiapas. Responden a estrategias de reubicación en tierras comunales, dentro de los limites Chimalapas-Cintalapa, ejercidas por los gobernadores Absalón Castellanos, quien explotó con aserraderos madereros toda la zona limítrofe, y Patrocinio González Garrido de quien se identificaron personas ligadas a él operando en La Gringa, el punto actualmente invadido; durante su gobierno obstaculizó la conciliación de campesino a campesino emprendida en 1991 por los comuneros chimas.

En 1972, la Secretaria de Reforma Agraria, dotó 40 mil hectáreas a nuevos asentamientos y expropió 14 mil más en 1974 para recientes pobladores chinantecos. Lo que generó arbitrariedades para cobijar el poderío caciquil en la zona en conflicto y fomentar el enredo legislativo.

La colindancia norte de Chimalapas con Veracruz, el punto donde el problema se manifiesta actualmente, se genera por la reubicación (a lo largo del sur de Uxpanapa y en parte de las tierras comunales de Chimalapas) de chinantecos desplazados de sus tierras comunales por la construcción de la presa Miguel Alemán, o Cerro de Oro.

Allí hubo una creciente demanda de tierras en los setenta, fomentada por el aumento poblacional de las comunidades y los desplazamientos forzados, agudizados por conflictos políticos, religiosos y por los proyectos desarrollistas.

El conflicto agrario se debe a diversos factores, no es tan simple como condenar a los invasores chiapanecos o veracruzanos; no es un conflicto entre estados, en el fondo lo que esconde el discurso de la soberanía estatal es el reflejo de los grandes rezagos agrarios de México.

La segunda cuestión es la aletargada disputa territorial por los intereses económicos capitalistas que acechan la selva zoque, un complejo biodiverso que abarca Uxpanapa, El Ocote y Chimalapas. A ello, Andrés Aubry  (“Los Chimalapas: enredo legislativo y reserva estratégica”, en Los llamados de la memoria, 2003) le atribuyó el proyecto alpha-omega de los años setenta, ubicando la zona como una poderosa reserva hidráulica y biogenética, donde la SARH contempló un megaproyecto con desviación de ríos mediante trasvases y túneles, cinco presas de almacenamiento y mil kilómetros lineales de canales de riego. El conjunto suponía un peligroso cambio de orientación de los ríos con trastornos de sus cuencas naturales, para llevar el agua hacia la vertiente del Pacífico y potenciar el entorno del puerto de Salina Cruz con su refinería. Se contemplaban brechas, ingenios, piscicultura