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EN ABANDONO DELIBERADO DEL GOBIERNO, LOS INDÍGENAS DE BRASIL COMBATEN EL COVID-19 / 279

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EN ABANDONO DELIBERADO DEL GOBIERNO, LOS INDÍGENAS DE BRASIL COMBATEN EL COVID-19 / 279
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ROSA GAUDITANO
Ojarasca 279, Periódico La Jornada.
Entierros colectivos en el cementerio Nuestra Señora de Aparecida, Taurma, Manaos, Brasil, 2020. Foto: Fernando Crispim (La Xunga / Amazônia Real)
Hay 305 pueblos originarios en Brasil, con cerca de 900 mil indígenas que hablan 274 distintos idiomas. La pandemia del Covid-19 ya llegó a 112 pueblos. La Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil (APIB) hasta el 24 de junio tenía detectados 8 mil 066 con coronavirus y 359 fallecidos. El epicentro de la epidemia se encuentra en la Amazonía brasileña, donde 104 profesionales de la salud que atienden los pueblos indígenas están contaminados (76 en la Tierra Indígena Yanomami y 28 en el estado de Amazonas). Ya murieron 52 kokama en la región de Alto Solimões.

En el estado de Roraima, después de la muerte de un yanomami en abril, la Hutukara (Asociación Yanomami) decidió irse al bosque para escapar de la contaminación. Cuatro yanomami más murieron y 168 están infectados. El 48 por ciento contrajo el virus en el Centro de Salud Indígena de la capital, Boa Vista, y el 24 por ciento en la TI Yanomami, cuyas tierras se encuentran invadidas por más de 20 mil mineros de oro. Los yanomami comenzaron la campaña mundial #Fora- GarimpoForaCovid para presionar al gobierno brasileño para que expulse a los mineros de oro de sus tierras.

Según Survival International, los arara de la tierra indígena Cachoeira Seca en Pará tienen la tasa más alta de contaminación por Covid-19 en la Amazonía brasileña. Según el Distrito Especial de Salud Indígena, el 46 por ciento de las 121 personas contactadas en 1987 están infectadas. Esta tierra indígena es una de las más invadidas por madereros y acaparadores de tierras.

La Coordinación de Organizaciones Indígenas en la Amazonía Brasileña (Coiab Amazonia) anunció que las Asociaciones de Kanamari do Vale do Javari y la Asociación Matsés do Alto Jaquirama enviaron una carta a las autoridades denunciando y solicitando una investigación sobre la proliferación de Covid-19 por el ejército brasileño y la Secretaría Especial para Salud indígena (SESAI) en el territorio indígena Vale do Javari, limítrofe con Perú y Colombia, especialmente en el canal Medio Rio Javari. Esta región tiene seis mil pueblos indígenas contactados y 16 pueblos aislados.

The Intercept mostró un video lanzado en abril y distribuido a miembros militares y civiles donde el general del ejército brasileño Antônio Manuel de Barros, de 57 años, dice a sus comandos que busquen contaminarse, alentando el brote de coronavirus para ?inmunizar a las tropas? que trabajan en zonas de refugiados venezolanos en la frontera del estado de Roraima. El ejército ya representaba el 26 por ciento de los casos de Covid-19 en el estado. El general Barros es el comandante militar de la Operação Acolhida, reemplazando al general Eduardo Pazuello, ahora ministro interino de Salud.

En la última conferencia de prensa del gobierno federal sobre Covid-19, el director de la Secretaría Especial para la Salud Indígena, Robson Santos, informó que la Operação Acolhida trabaja en los dos distritos de Yanomami y en Roraima.

En Manaus, el Distrito Sanitario Indígena Especial (DSEI) confirmó que muchos pacientes indígenas con otras enfermedades estaban contaminados en la Casa de la Salud Indígena, en hospitales estatales y municipales y luego regresaron a sus aldeas. Los hospitales en la ciudad de Manaus estaban a su capacidad máxima y la situación es aun más crítica en el interior del estado. El único hospital con UCI en el interior de Amazonas se encuentra en la ciudad de Tefé, a 522 kilómetros de Manaus.

La segunda región de Brasil más afectada por el Covid-19 es el Noroeste / Minas Gerais / Espírito Santo, donde los indígenas viven en las regiones más pobres, con 51 muertos hasta el momento. En Mato Grosso, en el centro oeste de Brasil, ya murieron siete indígenas. Se quejaban de que los indígenas infectados se mezclaban con los no infectados.

Como está sucediendo en todo Brasil, las cifras de Covid- 19 no se reportan. Sonia Guajajara, presidenta de APIB, revela que ?las cifras obtenidas por el movimiento indígena, en comparación con las de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai), revelan una discrepancia absurda. Además del abandono del Estado brasileño, hay racismo institucionalizado?.

El director de la Sesai, Robson Santos, dijo en su última conferencia de prensa que la letalidad de los aldeanos es del 3.9 por ciento, mientras que la Articulación de los Pueblos Indígenas (APIB) confirma una letalidad del 9.7 por ciento. APIB realiza la tabulación de casos de todos los pueblos indígenas dentro y fuera de Brasil.

Brasil tiene 34 Distritos Especiales de Salud Indígena (DSEI), responsables de servir a los aldeanos indígenas, pero el 36 por ciento de los indígenas en Brasil viven en áreas urbanas y no son atendidos por DSEI, sino por el Sistema Unificado de Salud (SUS) donde los pueblos indígenas están generalmente discriminados.

La Fundación Nacional del Indio (Funai, organismo del gobierno) no hace su trabajo como debería. El organismo está presidido por Marcelo Xavier, quien ya trabajó como asesor de ruralistas en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Incra1 y Funai2. Se le preguntó a Marcelo Xavier qué está haciendo la agencia para defender a los yanomami de la extracción de oro en sus tierras y explicó que está monitoreando la extracción con 28 barreras sanitarias, en lugar de eliminar la extracción de las tierras yanomami para defender a los indígenas.

La falta de acción en la lucha contra la pandemia de coronavirus por parte del presidente Jair Bolsonaro ha afectado a los pueblos indígenas en todas las regiones del norte al sur de Brasil, agravando la dramática situación que ya existe. Sólo en los últimos 12 meses, 150 tierras en la Amazonía han sufrido invasiones de acaparadores de tierras, madereros y mineros, instigadas por el gobierno federal. Están quemando bosques, asesinando líderes indígenas, y además el gobierno federal apoya a los misioneros evangélicos para catequizar a los indígenas a cualquier costo.

Hace unos días, los brasileños vieron con asombro el video publicado por la Corte Suprema Federal (STF) de una reunión del presidente Bolsonaro con sus ministros en Brasilia, donde el ex ministro de Educación, Abrahan Weintraub, dijo que odia a los pueblos indígenas, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Sales, habló sobre aprovechar la situación de pandemia de coronavirus para aprobar reformas de desregulación y simplificación para cambiar las reglas ambientales a favor de los más poderosos y los agronegocios.

En mayo, la Corte estaba a punto de votar sobre el proyecto de ley PL2633, que establece el llamado ?Marco Temporal? 3 que limita las demandas por tierras indígenas, en lugar de reconocer sus demandas tradicionales o históricas de tierras. La decisión 001/2017 de la Advocacia Geral da União (AGU) es inconstitucional y se está utilizando para legalizar invasiones, legitimar las expulsiones y encubrir la violencia que victimizó a los pueblos indígenas antes de la Constitución Federal de 1988. Si se vota esta postura contra los indígenas, no sólo Brasil, el medio ambiente en todo el mundo se verá directamente afectado.

Pero el juez Edson Fachin pospuso la votación hasta que el Tribunal pueda emitir juicios en persona, debido a la presión de los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos.

A pesar de todo, los indios brasileños nunca han estado tan organizados. Este mes, APIB celebró una gran Asamblea Nacional por internet para que la Resistencia Indígena abordara temas como los diagnósticos regionales sobre Covid-19 en las aldeas. Acostumbrados a luchar por sus derechos durante 520 años, los pueblos indígenas se están uniendo para encontrar nuevas formas y exigir mejores condiciones para el cuidado de la salud, la defensa de sus tierras y el medio ambiente.


NOTAS:

1. Instituto Nacional de Asentamiento y Reforma Agraria.

2. En 2017, la investigación parlamentaria presidida por el Farmers? Caucus tenía como objetivo procesar a antropólogos, indígenas, funcionarios de Funai e Incra y miembros del ejecutivo, así como a ONG. La idea era cerrar Funai, detener la reforma agraria y cambiar los criterios para la demarcación de tierras para los pueblos indígenas y las antiguas comunidades de exesclavos (quilombolas).

3. Marco temporal ?Límite de tiempo?. La idea del proyecto de ley es establecer que los reclamos indígenas de tierras sólo serían reconocidos por la ley si los indígenas ocuparan ese pedazo de tierra en particular en 1988, año en que se consagró la actual Constitución brasileña.

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Rosa Gauditano, fotógrafa, periodista y activista, ha documentado pueblos indígenas de las más diversas regiones en Brasil durante más de 30 años: karajá, kayapó, tucano, waurá, yanomami, xavante, guaraní y pankarau. En 2004, junto con el pueblo indígena Xavante, creó la ONG Nossa Tribo, dedicada a construir un puente entre ciudades y pueblos indígenas. Trabajó para Folha de S. Paulo y la revista Veja. Es autora de varios libros.



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