LA AUSENCIA DEL ESTADO

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HERMANN BELLINGHAUSEN
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Angeles Torrej�n
Ojarasca 331
Peri�dico La Jornada
Chiapas es un espejo del pa�s. Y una excepci�n. Para bien y para mal. Mucho de lo m�s vivaz y trascendental de la historia reciente nos lo dieron sus comunidades ind�genas y tantos otros chiapanecos que los acompa�aron y les aprendieron. La descomposici�n rampante e imparable que vemos hoy es producto de las acciones y omisiones extremas del Estado nacional, decidido a derrotar a los ind�genas insurrectos del Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacional (EZLN), sus simpatizantes pacifistas en las comunidades y la sociedad civil urbana.

No s�lo, claro. Como en el pa�s, mucho influy� en el actual estado de cosas la corrupci�n y el clientelismo ininterrupidos que sembr� el pri�smo, inamovible en Chiapas durante el siglo XX, su herencia de malos h�bitos politicos, cacicazgos en las comunidades, el apogeo de comerciantes ricos y racistas, una clase pol�tica c�nica y oportunista entregada al poder central. Por eso a la hora de su levantamiento, los zapatistas nunca tuvieron como interlocutor al gobierno estatal, no hab�a nada que discutir con esos gobernadores.

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Andre?s Aubry daba como ejemplo del centralismo a distancia que ?gobernaba? Chiapas en el porfiriato, el caso del ilustre Emilio Rabasa, quien operaba desde la Ciudad de Me?xico. Chiapas estaba tan lejos que durante el eche- verriato, hacia 1974, se impuso en todo el pa�s un eslogan para recordarnos que todo en Chiapas es Me?xico, por aquello de los 150 a�os de su adhesio?n, y por si alguien lo dudaba todavi?a. No que no hubiera una suerte de gobierno estatal, un pun?ado de familias llevando la administacio?n, fabricando diputados, senadores, etce?tera. Las grandes propiedades ganaderas en Chiapas regi?an con guardias blancas, derechos de pernada y despojos.

Por ese entonces el gobierno decidi� poblar la selva hasta el �ltimo rinc�n, para que vieran que s� hay frontera, y cre� la Comunidad Lacandona con m�s de 600 mil hect�reas para pocos centenares de familias lacandonas, demarcando lo que no ser�a poblado de la gran selva. Sin embargo, la historia camin� por primera vez del lado de los pueblos ind�genas a partir de 1974, justamente. El Congreso Nacional Ind�gena de San Andr�s Larr�inzar, animado por el obispo Samuel Ruiz Garc�a, marc� un hito determinante. La iglesia cat�lica liberacionista se molde� con las comunidades y particip� en las crecientes resistencias de los pueblos mayas.

Por encima de los finqueros, millares de ind�genas se hacen libres. Tseltales, choles, tojolabales y tsotsiles se internan en las ca�adas y se establecen en la esquina m�s remota de la naci�n. En Los Altos y la Selva Norte se recuperan territorios ancestrales y centros de poblados como Bachaj�n (Chil�n), San Andr�s o Chenalh� los caxlanes son expulsados. En este escenario se larva la insurrecci�n zapatista, pero no s�lo ella. Las comunidades y ejidos crean uniones productivas propias de gran alcance, con el caf� como punta de lanza de una nueva presencia ind�gena en la vida social de la Rep�blica.

El gobierno busca detener la influencia de la iglesia cat�lica ind�gena y fomenta abiertamente, con cierta coartada juarista, las misiones evang�licas y de otras denominaciones cristianas, muchas veces estadunidenses. Pronto ser�a la entidad en el pa�s con mayor proporci�n de cristianos (?protestantes?, ?sectas?). Las divisiones resultantes llegan a ser sangrientas, como sucedi� en San Juan Chamula en la d�cada de 1980 con la persecusi�n, asesinato y expulsi�n de decenas de miles de pobladores por razones pol�ticas (no eran del PRI) y de culto religioso. Aquella di�spora chamula transform� al vecino San Crist�bal de Las Casas, ciudad se�oral de los blancos y tambi�n sede de la di�sesis de Ruiz Garc�a, quien se fue ganando el t�tulo de jTatik.

En 1994 Chiapas parece nacer un nuevo mundo. Ocupa un lugar central en el debate pol�tico, los medios de comunicaci�n y el activismo de izquierda a escala internacional. Se desata una guerra de contenci�n contrainsurgente a la influencia ind�gena y la afluencia de figuras p�blicas, grupos solidarios y j�venes de M�xico y muchos pa�ses. Galvaniza un movimiento ind�gena nacional por fuera del Estado y establece los par�metros de autonom�a y autogesti�n que demandan los pueblos.

El gobierno salinista militariza Chiapas y gana tiempo ante la inoportuna declaraci�n de guerra zapatista a la hora de ponerle manteles blancos al tratado de libre comercio con Washington y Ottawa. El zedillismo opta por la guerra encubierta, se crean c�lulas paramilitares entrenadas por el Ej�rcito federal como armas letales dentro de las mismas comunidades. Masacres, expulsiones, violaciones, descomposici�n familiar en Los Altos y la Zona Norte, por cortes�a del gobierno federal y sus fuerzas armadas.

La clase pol�tica local se pliega como siempre al Palacio Nacional, aprovecha (se roba) las nuevas inversiones para contener la rebeld�a ind�gena. En pocos a�os se suceden insulsos gobernadores pri�stas que obedecen a los generales y nadan de muertito mientras el proceso insurgente, liberacionista y aut�nomo sigue a contrapelo de la guerra de baja intensidad del clandestino Plan Chiapas.

Pronto nos recordamos que Chiapas es frontera. Esto resulta determinante al encumbrarse el narcotr�fico como nueva forma de comercio y gobierno en todo el pa�s. Los gobiernos panistas del siglo XXI abren la puerta y luego abren fuego para y contra el crimen organizado que prospera como la espuma. La contrainsurgencia se alinea con el narco, lo pol�tico y lo religioso pasan a segundo plano, se impone la violencia como negocio necesario para los negocios.

La frontera es caliente, el relativo equilibrio entre el crimen organizado y las autoridades se quiebra cuando miembros del c�rtel dominante, el de Sinaloa, se dividen matando al jefe de plaza y ali�ndose con el violent�simo Cartel Jalisco Nueva Generaci�n, heredero en la regi�n del viejo Cartel del Golfo, que se repart�a rutas con el de Sinaloa. Desde 2006 el gobierno estatal se esfuma. Tres gobernadores, incluyendo el actual, fingen gobernar cortando listones, recibiendo bastones de mando, haciendo jaripeos y bailes regionales mientras el Ej�rcito, las polic�as, los paramilitares y los grupos criminales contienen la autonom�a ind�gena y las resistencias anticapitalistas.

En 2018 el gobierno federal deja de disparar a los narcos, mientras �stos agregan a su cartera el nuevo super negocio de los migrantes que por millares cruzan hacia Chiapas camino al norte, igual que la droga. Chiapas como puerta de todo eso, sin estado de derecho, a merced de las decisiones del gobierno central, que renueva la cooptaci�n con una reedici�n decorativa del indigenismo del pasado.

Cuando la presidenta Claudia Scheinbaum dijo, para tranquilizarnos tras el asesinato del sacerdote Marcelo P�rez P�rez, que atender�a bien el caso, que para eso estaba en contacto ?con los dos gobernadores?, el saliente y el entrante (quien lleva a�os bien metido en los peores escenarios de Chiapas en Los Altos y la frontera), simplemente aument� los motivos de preocupaci�n. Como si de ellos pudiera esperarse alguna soluci�n. Tres gobernadores in�tiles despu�s de 2006, la Federaci�n cree tener controlada una entidad que se descompuso aceleradamente.

Luis Hern�ndez Navarro cita que entre enero y septiembre de 2024 se produjeron 525 homicidios dolosos, 49 por ciento m�s de los ocurridos en el mismo lapso de 2023, aunque el subregistro es grande. La realidad social es alarmante. Familias expulsadas o asesinadas, cobro de piso por respirar, leva brutal de j�venes a lo largo de la frontera, secuestro masivo de mujeres y ni�os para explotaci�n sexual, violencia paramilitar continua en Chenalh� y Pantelh�, agresi�n abierta a las comunidades zapatistas en la selva, mientras la criminalidad gobierna en los hechos todos los municipios fronterizos desde el Oc�ano Pac�fico a Palenque y la regi�n Sierra, mantiene en zozobra ciudades y cabeceras municipales por todas partes. Esto llev� al EZLN a se�alar que el estado se encuentra al borde de una guerra civil. Tambi�n una escalada criminal transfronteriza, bajo la sombra militar de Donald Trump sobre los linderos con Belice y Guatemala.