Comuneros afectados por presa en Sinaloa acusan abandono estatal

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Foto? En imagen del 26 de agosto pasado, pobladores de Santa María, en el municipio de Rosario, Sinaloa, junto con autoridades federales realizan labores de reconstrucción en el puente que resultó dañado por el huracán Willa en 2018.Foto Irene Sánchez
Irene Sánchez Corresponsal
Pueblo de Santa María se inundará por la construcción
Piden desde medicamentos hasta rehabilitar puentes y vías dañadas
Periódico La Jornada
Domingo 1º de septiembre de 2019.
Rosario, Sin., Comuneros de Santa María y Anexas, pueblo que será inundado por la construcción de la presa Santa María, denunciaron que los gobiernos municipal y estatal los tienen en el abandono y no han atendido sus peticiones de rehabilitar caminos y puentes dañados por las lluvias recientes, ni les han entregado medicamentos, pues hace apenas dos semanas llegó un médico a la clínica del pueblo después de dos años sin este servicio. Esta obra es parte del proyecto que integran las presas Picachos y Baluarte-Presidio.

En 2014 inició la construcción de la presa en 2 mil 352 hectáreas de las 16 mil de la comunidad, tendrá capacidad de 976,55 metros cúbicos, la cortina será de 152 metros de altura, 784 metros de longitud y el vaso del embalse será de 15 kilómetros de sur a norte; servirá para irrigar 24 mil 250 hectáreas de nuevos cultivos en los municipios de El Rosario y Escuinapa.

Santa María se ubica en los altos de la sierra, a 45 kilómetros de la cabecera municipal de El Rosario, el principal acceso carretero se encuentra revestido hasta el pueblo de Matatán (20 kilómetros), los restantes son de terracería, pero en condiciones tan deficientes que los conductores tardan casi dos horas en llegar. Es pueblo es herencia de gambusinos, actividad que dejaron y ahora sobreviven de la horticultura y escasa ganadería.

A consecuencia de la emigración y el subempleo, la población de Santa María descendió, pues entre 2000 y 2005 había 292 habitantes en 57 viviendas y en 2019 sólo hay 22 casas habitadas por unas 120 personas. Los pobladores refieren que el número de comuneros ha aumentado al pasar a tierras de bienes comunales. En 1975 sólo eran 141 y actualmente suman 286.

Adrián Zataraín, de 25 años, es comunero, salió del pueblo para realizar estudios en contaduría, pues el bachillerato más próximo se ubica en otra localidad a una hora de camino. En el trayecto a Santa María se detiene frente al predio asignado para edificar el nuevo pueblo y que se encuentra frenado pues las familias no decidieron ese lugar por inviable, pues está erosionado y ocurren deslaves. Sólo se aprecian postes para electricidad y algunas tomas de agua potable.

Alejandro Espinoza, abogado de los comuneros, explicó que el pasado 19 de agosto el juzgado 10 de distrito les otorgó el amparo 537/2019 para que se suspendan los trabajos en la presa que realiza la empresa ICA, luego de que solicitaron la revisión de todos los convenios que se realizaron con los anteriores representantes de la asamblea por las irregularidades detectadas.

Dictamen los favorece

En entrevista con La Jornada, los labriegos, encabezados por el presidente de la asamblea de bienes comunales, Juan Silva, mostraron el documento 145/2.2/0638/15, expedido por la delegación de la Semarnat que da testimonio de que el anterior presidente de la asamblea depositó 5 millones 330 mil pesos al Fondo Nacional Forestal para autorizar el cambio de uso de suelo de 79 mil 373 hectáreas para obras complementarias: camino y nuevo centro de población.

Reunidos en la casa del pueblo, los comuneros explicaron que desconocían este convenio turbio, amañado, pues la comunidad nunca ha tenido recursos y este trámite le corresponde al gobierno del estado, como promovente de la construcción de la presa Santa María y la comunidad, como ente agrario, debe estar ajena a estas diligencias, pues nunca pidió la reubicación del pueblo. Explico que los bienes comunales son 16 mil hectáreas y sólo 2 mil 300 serán afectadas por la construcción del embalse sin que exista trámite de solicitud de expropiación por parte de las autoridades, además de que sólo pretenden reubicar 58 casas, cuando hay 286 comuneros que también tienen derechos.

Argumentó que el juez de distrito será quien emita un fallo favorable a los comuneros, pues el proceso de inicio de la construcción de la presa fue irregular, y aclaró que los comuneros no están en contra del progreso, siempre y cuando tambien se beneficien.