La Corte validó el despojo / 260

La Corte validó el despojo / 260
Gloria Muñoz Ramírez
Bettina Cruz, tercera de derecha a izquierda, con mujeres istmeñas en lucha. Foto: Gloria Muñoz Ramírez
Ojarasca, Periódico La Jornada
10 enero 2019.
Para los pueblos del Istmo de Tehuantepec, el mensaje es que los pueblos indígenas no tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio: Bettina Cruz
?Teníamos una leve esperanza, pensábamos que con la llegada de un nuevo gobierno habría aire de cambio y un nuevo tipo de re­lación del Estado mexicano con los pueblos, pero ya vimos que no. Sigue siendo lo mismo, somos objetos y gente que tiene sus tierras pero que se las pueden quitar, porque para ellos no somos nada, pero somos los dueños del territorio, aunque nos hayan querido minimizar y desaparecer. Estamos, existimos y defendemos los territorios, aunque se nos vaya la vida en ello?, afirma en entrevista Bettina Cruz Velázquez, in­tegrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Ist­mo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)

La consulta no es ningún recurso democrático, afirma. ?No como la imponen a los pueblos ni como la plantea Andrés Manuel López Obrador. Las consultas tienen que ser realmente previas, libres e informadas, y no cuando ya tienen la planificación de sus proyectos, como el caso del Tren Maya.?

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se impusie­ron las consultas indígenas sin cumplir los requisitos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, con el fin de convalidar la expansión de los parques eólicos en la región. Las comunidades agrupadas en la APIITDTT se ampararon contra el procedimiento realizado cuando ya se tenían los permisos, es decir, por el incumplimiento de una consulta libre, previa e informada, pero la Supre­ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a la empresa Eólica del Sur y la espalda a los pueblos indígenas.

La Corte, señala Bettina Cruz Velázquez, se colocó del lado de las empresas y validó los despojos, haciendo a un lado ?la oportunidad histórica de subsanar todo lo que han hecho en contra de los pueblos indígenas?. Con su decisión, indica, ?el mensaje es que los pueblos no tene­mos derecho a decidir sobre nuestros territorios?.

Entrevistada el 14 de noviembre afuera de la SCJN, justo después de recibir la resolución negativa sobre el amparo contra ?una consulta que realizaron los tres niveles de gobierno y la empresa Eólicas del Sur en Ju­chitán?, la defensora integrante también del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, advierte que la consulta realizada por la Secretaría de Energía, la misma que otorgó el permiso antes de pre­guntar a las comunidades si estaban de acuerdo, se lle­vó a cabo sin ninguna normatividad, ?cuando ya tenían permisos, manifestación de impacto ambiental, contac­tos con la gente, y ya había una polarización social en la comunidad?, explica.

Las empresas eólicas llegaron al Istmo de Tehuante­pec en 2006, un año después inauguraron el primer parque en La Venta, Oaxaca, y a partir de ese momento se dio un acelerado desarrollo de estos parques en la región, ?con el beneplácito de los gobiernos y violentan­do todos los derechos de los pueblos indígenas?, señala la defensora.

El Istmo de Tehuantepec es mayoritariamente indí­gena y la tenencia de la tierra es comunal, colectiva o ejidal. Bettina explica que cuando se instalaron las em­presas eólicas ?corrompieron a comisariados y autori­dades civiles, utilizaron la fuerza pública para imponer­se, amenazas de muerte, agresiones físicas y encarcela­mientos, porque todo lo han hecho con la complicidad del gobierno y sin que los pueblos fueran informados?.

En un Atlas Eólico del gobierno mexicano, que im­pulsó con la Oficina de Desarrollo de Estados Unidos y el Departamento de Desarrollo Sustentable de Estados Unidos, se observa el potencial del viento en la región del Istmo ?y ahí se basaron para ofertar nuestro territo­rio a los empresarios. Empezaron a llegar las empresas con contratos de despojo, y la gente ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Son contratos en los que la ma­yor parte el beneficio es para las empresas y no para la gente. Por ejemplo, aunque se habla de las volunta­des de las dos partes, se especifica que solamente la empresa puede terminarlo?. Por eso, dice, ?empezamos esta lucha?.

Actualmente en Juchitán existen 14 parques instala­dos; en todo el Istmo hay 25, con mil 915 aerogenerado­res, y a esto hay que sumar los 132 nuevos de Eólica del Sur, que son el motivo del amparo que la Corte rechazó.

La consulta, explica la entrevistada, no debe ser pre­via al inicio del proyecto, sino antes de tomar medidas administrativas y de distinto tipo que afecten a los pue­blos indígenas, ?pero aquí cuando se inició la consulta, el gobierno ya había hecho contratos y aprobado la ma­nifestación de impacto ambiental. Durante esa supuesta consulta la Comisión Reguladora de Energía a Eólica del Sur autorizó a la empresa producir energía eólica?.

Fueron nueve meses de batallas contra el procedimien­to, pero ?cuando vieron que estaban perdiendo dine­ro, aceleraron la consulta porque les urgía tener el aval de la asamblea. Nosotros dijimos que no íbamos a avalar ese tipo de decisiones y metimos un amparo, conseguimos la suspensión provisional y luego la definitiva, pero el siste­ma judicial cambió al juez que otorgó la suspensión y lo envió a una zona de castigo en Tamaulipas. Y trajeron a un juez que dijo lo mismo que José Ramón Cossío: que la consulta había sido previa porque sucedió antes de que pusieran cualquier piedra para iniciar el proyecto. ?No fue­ron al fondo, de qué significa lo previo de una consulta?.

Bettina Cruz advierte que las consultas que propone López Obrador ?no sé dónde están plasmadas, no sé qué sustento legal tengan?, pues la consulta para ?pro­yectos que se planean en nuestros territorios debe ser a nosotros, pero parece que no lo están pensando así?.

Por eso, indica, ?tenemos que organizarnos bien y fortalecernos en nuestros espacios locales, tener más información, organización, alianzas, ver cómo podemos hacerle para plantar cara a esto, porque no es posible?. Por lo pronto, en lo que respecta a la decisión de la Cor­te, ?iremos a la Comisión Interamericana, que es el último espacio que nos queda. También vamos a fortalecer el trabajo organizativo y de defensa, porque no es el último parque eólico contemplado, sino el último de la primera fase. En la segunda, se prevén 30 parques más?.

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